Así lo aseguró en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco. Sin mostrar datos que respalden tal afirmación, el gobernador subrayó que el objetivo de esta acción es evitar que los internos sigan cometiendo delitos desde prisión. Esta medida marca un retroceso en los derechos a la educación y a la comunicación de personas privadas de la libertad, además de aumentar su vulnerabilidad ante posibles abusos intramuros. El caso de la agresión de agentes penitenciarios a internos del Complejo Penitenciario II, filmado por otros reclusos, que ayudó a separar del cargo a cinco guardiacárceles.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, encabezó este sábado la apertura del 57° período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, donde hizo un repaso de su primer año de gestión. Entre los anuncios, indicó que se comenzará el retiro de los celulares en prisiones y dependencias policiales a partir de este miércoles, en cumplimiento de una ley sancionada en mayo del año pasado.
“Cumpliendo con nuestro compromiso, anuncio que comenzaremos a sacar todos los celulares de las cárceles y comisarías de la provincia, dando cumplimiento a la ley votada por la mayoría en la Cámara de Diputados”, expresó Zdero, agradeciendo el respaldo legislativo a la medida.
Sin mostrar datos que respalden tal afirmación, el gobernador subrayó que el objetivo de esta acción es evitar que los internos sigan cometiendo delitos desde prisión. “No vamos a permitir nunca más que se siga amenazando a las víctimas, estafando a los inocentes y delinquiendo desde las cárceles”, afirmó.
Además, aseguró que se garantizará la comunicación de los internos a través de un sistema de teléfonos fijos y dispositivos con registro de todas las llamadas. “Hemos trabajado en un proceso de reconversión para que todas las comunicaciones desde el interior de los penales queden registradas”, explicó.
Cabe recordar que el 8 de mayo pasado, la Cámara de Diputados del Chaco sancionó el despacho de mayoría del oficialismo sobre el proyecto de ley 474 del Ejecutivo provincial, por el que se limitó el uso de la telefonía celular y de internet a personas alojadas en establecimientos penitenciarios provinciales. La votación en general fue de 27 votos aprobatorios y uno por su permanencia en cartera.
La medida venía a dejar de lado una resolución del Ministerio de Seguridad del Chaco, nacida durante la pandemia, que reglamentaba el uso de telefonía celular en los lugares de detención. La normativa (que quedó obsoleta con la sanción de la ley) establecía que los dispositivos debían estar registrados debidamente a nombre de una persona, que es responsable de todas las comunicaciones realizadas a través de los mismos. Además, se aclaraba que el Estado no sería quien provea los dispositivos móviles sino que serán ellos mismos o sus familiares quienes deberán acercar el aparato. Se dejaba en claro que podrían ser incautados y causales de actuaciones administrativas o denuncias penales si fueran usados indebidamente.
Una ley similar a la sancionada el año pasado surgió en abril de 2023. Para fundamentar el proyecto, su autor, el radical Livio Gutiérrez (actual secretario de Coordinación de gabinete del gobierno provincial) vinculó el uso de telefonía móvil a hechos delictivos y planteó la necesidad de limitarlo. Mientras que quienes se opusieron, defendieron el protocolo interpoderes vigente en ese momento, además de las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura, en defensa de garantías constitucionales.
Veinte días más tarde, el por entonces gobernador, Jorge Capitanich, vetó de manera parcial la ley. Recordó que el único derecho que le es privado a los detenidos es el de la libertad ambulatoria y señaló que la normativa sancionada es “absolutamente regresiva en materia de acceso a derechos humanos básicos, universales e inalienables”.
Retroceso
Para la población carcelaria, el anuncio de Zdero significa un retroceso en su derecho a la comunicación y seguridad personal. El celular no sólo sirve para mantener un fluido vínculo familiar (algo que la cárcel suele resquebrajar), sino también como forma de autoprotección ante eventuales hechos de violencia institucional o para disuadir a aquellos penitenciarios que estén tentados a cometerlos.
Bajo el título “Acceso a la comunicación mediante teléfonos celulares inteligentes por parte de las personas privadas de libertad en la provincia de Chaco como medida para la prevención y el acceso a la justicia ante casos de torturas y malos tratos”, el excomisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen, y por la exsecretaria Ejecutiva del organismo, Selva Nazaruka, realizaron un intenso trabajo investigativo donde se consultó a 26 detenidos de la provincia si el uso de celulares generó algún cambio en el personal penitenciario.
Todos coincidieron en que cambió para bien porque ahora los guardias “se cuidan más”. “Cuando entran al pabellón, nosotros siempre los filmamos y les decimos que los estamos grabando… por eso no nos buscan la reacción. Antes entraban y hacían lo que querían nomás”, contó uno de los entrevistados.
Un caso paradigmático de la utilización del teléfono para registrar hechos de violencia contra la población carcelaria ocurrió el 23 de agosto de 2023, en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña. Aquel día, internos lograron filmar una agresión cometida contra dos reclusos por parte de penitenciarios.
En la secuencia se ve cómo un grupo de guardiacárceles arrastra hasta un patio interno a un preso para luego darle golpes de puño en el estómago, patadas y pisotones en la cabeza. Posteriormente, traen a otro a quien le aplican las mismas severidades. Esta filmación fue clave para que un oficial y cuatro subalternos fueran separados preventivamente del cargo.
“Si la opacidad es una condición del abuso y el exceso, si transformamos la prisión generando más transparencia, más flujo de información y conocimiento que atraviesen los muros, hay más posibilidades de luchar contra ese exceso”, afirmó el docente investigador de la Universidad del Litoral, Máximo Sozzo, al defender el uso de la telefonía celular intramuros .
Trabajo y clandestinidad
El teléfono inteligente no solo sirve como medida de resguardo, sino también como herramienta de trabajo. Es el caso del músico, Fabián Soria. Mientras estaba alojado en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña (hoy ya se encuentra en libertad tras cumplir su condena), Soria le sacó el jugo a su celular para explotar su talento: grabó dos discos de cumbia, hizo publicidades para comercios y hasta jingles para políticos.
También condujo y musicalizó un programa de música tropical que se transmite por internet y se replica en más de 120 radios de todo el país. Por estas labores recibía un dinero que le sirvió para poder ayudar a su familia y contar con una base para volver a empezar una vez que le otorguen la libertad.
La idea de pensar que con esta medida se va a evitar que se produzcan delitos desde la cárcel no tiene ningún sentido. Los hechos que fueron utilizados para justificar esta propuesta legislativa ocurrieron en cárceles de otras jurisdicciones mediante celulares ingresados de manera clandestina. Cometer un crimen con un celular registrado no es una estrategia eficiente, ya que deja múltiples rastros.
Con todo, está claro que la restricción del uso de la telefonía móvil no redundará en mayor seguridad para la sociedad, sino que sólo significará un regreso a la clandestinidad dentro de los establecimientos penitenciarios. Es altamente probable que los teléfonos inteligentes vuelvan a circular, pero sin ningún tipo de control, con un mercado negro que enriquecerá a quienes tienen el poder de decidir lo que entra y lo que sale del penal.
REVISTA LITIGIO
