La Justicia volvió a intervenir en el caso Vicentin por segunda vez en los últimos días, y de nuevo a contrapelo del plan vaciamiento de lo que fue la principal agroexportadora nacional. Esta vez fue la Cámara Penal de Rosario la que dispuso la interdicción de las acciones de la aceitera en la fábrica de biodiesel Renova –su mejor activo de lo que quedó tras el default de 2019–, lo que impide a la multinacional Viterra (ex Glencore) avanzar en el paquete accionario y terminar de absorber esa compañía con sede en Timbúes.

El fallo se conoció ayer, y aunque va por otra cuerda tiene sintonía con el de la Corte Suprema de la semana pasada, que rechazó el plan de pagos propuesto por el directorio de Vicentin a la masa del concurso preventivo, oferta que había sido ferozmente cuestionada por algunos acreedores.

“Ahora la Cámara de Rosario confirmó la interdiccion del las acciones de Renova y Viterra en el marco de la causa penal. No son ‘miedos’ de la Fiscalia, se trata de evitar la impunidad”, valoró el abogado Gustavo Feldman, patrocinante de un sector de los acreedores concursados.

Este capítulo en el mega default de 1500 millones de dólares del grupo aceitero con origen en Avellaneda-Reconquista se enfoca sobre la pretensión de Viterra de hacerse de todas las acciones de Renova, la productora de biodiesel con mayor volumen de producción en el país.

Viterra (nombre actual de la suiza Glencore) había sido uno de los orígenes de dinero para Vicentin en el primer tramo del concurso preventivo de 2020. El punto es que el precio por el que accedió a la mayoría accionaria de Renova fue abusivo, y perjudicial para la masa de acreedores, según observaron en su momento los diputados de la comisión de seguimiento del caso Vicentin.

Desde entonces, Viterra está impedida por la Justicia de tomar más acciones a perjuicio de Vicentin. El juez Nicolás Foppiani estableció ese cepo con una medida cautelar de no innovar en cuanto a la propiedad de Renova.

La multinacional apeló el fallo, pero la Cámara en segunda instancia ratificó la medida cautelar, y consideró incluso que hay más razones todavía para conservar así la presencia de Vicentin en el control de Renova, es decir, el 16% que aún conserva del paquete accionario.

Aún con esa porción minoritaria, es el mayor activo que le queda a la empresa defaulteada, y de allí el interés de los acreedores para que no se termine de esfumar esa posibilidad de cobrarse lo adeudado. Los directores de Vicentin, hoy procesados penalmente, fueron artífices de la entrada de la exGlencore a la propiedad de Renova.

Pese a la ofensiva judicial de la compañía, la resolución de la Cámara Penal mantuvo el criterio de primera instancia. “No se advierte que se haya acreditado la configuración de circunstancia alguna que modifique la verosimilitud del derecho tenido en cuenta al momento de imponer las medidas cautelares, que la medida se haya tornado desproporcionada por el paso del tiempo ni que se haya producido una disminución del peligro en la demora que justifique su levantamiento”, interpretó el tribunal de Alzada.

“En este rumbo –prosigue el dictamen firmado por el juez Gustavo Salvador–, se advierte que las medidas cautelares, conforme la tesis de la fiscalía, continúan siendo útiles y necesarias para asegurar el eventual decomiso de los activos de la firma Vicentín en caso de condena”.

Lo que el tribunal pretende preservar, a pedido de la Fiscalía que lleva la causa penal, es el destino de Renova y asegurarlo como probable prenda de cobro para los damnificados del default una vez que concluya el concurso.

Es decir, evitar que prosiga el proceso que ha ido dejando a Vicentin SAIC casi como una cáscara.

En el fallo, la Cámara también se hace eco del reciente dictamen de la Corte provincial con el que rechazó la homologación de la oferta de pago que Vicentin hizo en el concurso de acreedores.

“No puede soslayarse que, conforme inveterada doctrina tanto de la Corte Suprema de Justicia provincial, como del más Alto Tribunal de la Nación, no pueden soslayarse las circunstancias concomitantes que, si bien no estaban presentes al momento de la decisión originaria aquí recurrida, o al momento de la celebración de la audiencia de apelación, sí lo están al momento de adoptarse esta decisión”.

Y finaliza denostando la resolución de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, amañada a los intereses de los directores del grupo, que la Corte revocó por inconstitucional.

Página/12