La puja entre esos dos sectores genera tensiones en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en el gigante sudamericano
Con el despido ayer de Ivan Werneck Sanchez Bassères, coordinador de autorizaciones de exploración petrolífera del IBAMA, el Instituto Brasileño de Recursos Naturales Renovables y Ambientales, la explotación petrolífera en la desembocadura del río Amazonas parece cada vez más inminente. Al sitio de noticias Poder360, el presidente de la institución, Rodrigo Agostinho, negó una motivación política detrás de este despido. Hace apenas unos días, Lula había atacado duramente al IBAMA, pronunciándose abiertamente a favor de la explotación petrolífera de la desembocadura del Amazonas por parte de la petrolera nacional Petrobras.
“Lo que no podemos hacer es seguir así. El IBAMA es una agencia del Gobierno y parece una agencia contra el Gobierno”, había dicho Lula. Sobre la explotación petrolera de la desembocadura del Amazonas, el presidente brasileño no se anduvo con rodeos. “No es que vaya a ordenar que se explote, quiero que se explote. Evidentemente, antes de eso tenemos que investigar, tenemos que ver si hay petróleo, la cantidad de petróleo, porque muchas veces se cava un agujero a 2.000 metros de profundidad y no se encuentra lo que se imaginaba”, dijo en una entrevista a la emisora local Rádio Diário FM. “Tal vez la próxima semana haya una reunión con la Casa Civil, con el IBAMA. Tenemos que autorizar a Petrobras a llevar a cabo la investigación. Eso es lo que queremos. Que luego explotemos o no esta zona es otra cuestión”, concluyó.
La llamada región del Margen Ecuatorial comprende cinco cuencas de aguas profundas, incluida la desembocadura del Amazonas, frente a las costas del estado de Amapá, cuya licencia de prospección fue denegada por el propio IBAMA en mayo de 2023. En aquel momento, este organismo gubernamental explicó que su decisión se tomó “debido a una serie de incoherencias técnicas”, como un plan de protección de la fauna incompleto. La cuestión es objeto de debate desde hace meses, no solo por parte de los ecologistas, sino también de las comunidades amazónicas de la región, que temen sufrir los mismos perjuicios que los indígenas del Xingu debido a la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, también en la Amazonia, que funciona a pleno rendimiento desde noviembre de 2019.
Para Gustavo Moura, oceanógrafo de la Universidad Federal de Pará, “la desembocadura del Amazonas es un área considerada estratégica para proteger, precisamente porque debe ser un espejo del mundo, más aún en el año de la COP30. Formo parte del grupo que pide más investigación para comprender mejor el impacto sobre la biodiversidad, que considera suficientes los riesgos denunciados por el IBAMA y la propia Petrobras para no correr riesgos innecesarios”, afirmó el profesor, según el cual las comunidades locales no han sido debidamente consultadas. Una posible autorización de prospecciones petrolíferas en esta región también podría tener un impacto de imagen negativo para Brasil durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP30, que se celebrará este año en Belém, estado de Pará, el próximo mes de noviembre y en la que el Gobierno de Lula ha apostado su agenda medioambiental.
En definitiva, los combustibles fósiles compiten con las energías renovables por el presente y el futuro próximo de Brasil, no sin contradicciones y polémicas. El país latinoamericano se adhirió esta semana a la Carta de Cooperación, un foro de debate vinculado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+), entidad integrada por 12 miembros de la OPEP y 10 de las principales naciones exportadoras de petróleo del mundo no pertenecientes a la OPEP. El objetivo de la OPEP+ es regular la oferta de petróleo para fijar el precio del mercado mundial. El Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, justificó esta decisión como parte de una estrategia para discutir la financiación de la transición energética. Sin embargo, según algunos expertos, se trataría de una vuelta al pasado para Brasil, con un impacto social y medioambiental potencialmente peligroso. También ha causado debate la decisión del Consejo Nacional de Política Energética de mantener la mezcla de biodiésel en el gasóleo fósil en el 14% para contener la inflación, a pesar de la propuesta del Frente Parlamentario de Biodiésel de aumentarla para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Para el presidente del Frente Parlamentario por la Agricultura, el diputado federal Pedro Lupion, del partido Progresistas, “se trata de una decisión grave que tendrá consecuencias políticas y económicas para el país, sobre todo porque, una vez más, el sector agrícola no ha sido escuchado por los representantes del gobierno federal, ya que los precios de la soja y del biodiésel no han dejado de bajar en el último mes”.
Según Lupion, la medida es un intento de Lula de “recuperar su popularidad”, en detrimento de los efectos positivos del aumento de la producción de biodiésel para la economía, el medioambiente, la salud y la agricultura familiar. A finales de enero, Lula sancionó la nueva ley que crea el Programa de Aceleración de la Transición Energética para sustituir las fuentes de energía contaminantes por fuentes de energía renovables. El programa concede exenciones para la importación o compra en el mercado nacional de piezas y productos intermedios para la fabricación de camiones, autobuses, tractores y excavadoras alimentados por gas natural licuado (GNL) o gas natural vehicular (GNV), durante un periodo de diez años.
También continúa en estas semanas el tira y afloja entre el Gobierno, representado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y el Operador Nacional del Sistema (ONS), y las empresas de energía eólica y solar, que operan principalmente en el nordeste de Brasil. El enfrentamiento comenzó el año pasado, cuando el Gobierno pidió a los principales productores de energías renovables que redujeran la producción de energía. El motivo era que, según las autoridades, su funcionamiento suponía un riesgo para el funcionamiento de la red eléctrica nacional. Gracias en parte a los importantes beneficios fiscales e incentivos gubernamentales de los últimos años, el sector de las energías renovables ha crecido hasta tal punto que la producción ha superado la demanda. En solo tres años, de 2020 a 2023, la generación eólica en Brasil se ha duplicado, mientras que la solar se ha quintuplicado. Juntas representan el 22% de la matriz energética del país. Muchos de estos generadores, sin embargo, han tenido el problema de no garantizar la estabilidad de tensión y frecuencia en la energía enviada al sistema nacional. En 2023, un apagón en una línea de transmisión en el estado nororiental de Ceará fue un punto de inflexión para un cambio en la regulación que ahora impone límites más estrictos a la producción de energía renovable, que por definición no es continua y está sujeta a los picos naturales del sol y el viento.
El paro forzoso impuesto por el Gobierno a los productores de energías renovables ha creado un juego de acusaciones. Las empresas afirman que la imposibilidad de recibir energía es un problema del sistema eléctrico nacional y, por tanto, exigen una compensación económica por los periodos en que se les prohíbe suministrar energía para no sobrecargar la red nacional. Esta compensación, sin embargo, acabaría en las facturas de electricidad de millones de brasileños. Los productores de energía eólica calculan que han perdido ingresos por valor de 1.700 millones de reales, 296,6 millones de dólares, mientras que los de energía solar reclaman pérdidas por valor de 673,5 millones de reales, es decir 117,5 millones de dólares. Las asociaciones del sector que los representan temen sus quiebras, con las consecuencias que ello tendría para bancos públicos como el Banco del Nordeste, que financió la construcción de muchas de estas plantas. Aneel ha respondido calificando esta demanda de irrazonable, pero está buscando una solución junto con el Ministerio de Minas y Energía. Una de las posibilidades que se barajan es “reducir el precio de la electricidad” durante las horas del día en que las renovables funcionan a pleno rendimiento, animando así a la gran industria a intensificar la producción durante esas horas para ahorrar costes. La otra posibilidad es aumentar las exportaciones de energía a Argentina y Uruguay durante las horas de máxima producción de las renovables. El escenario, sin embargo, podría complicarse si el Congreso logra anular el veto presidencial a algunos artículos de la ley eólica marina sancionada por Lula en enero. La ley crea un marco regulador para la explotación de la llamada energía eólica marina, es decir, en alta mar, pero Lula vetó algunos artículos que ahora el Congreso quiere restablecer para ampliar la oferta de energía térmica, incluido el carbón, y de paneles solares domésticos.
Además, el sector de las energías renovables sigue teniendo algunos problemas de mercado. Por ejemplo, en un informe publicado a finales de enero, la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica señala entre los principales obstáculos “el aumento de los impuestos a la importación de módulos fotovoltaicos, los recortes en la producción de energías renovables sin la debida compensación a los empresarios afectados y los obstáculos a la conexión de pequeños sistemas de autogeneración solar”.
Sin embargo, el sector de las energías renovables no pierde la esperanza y sigue proponiendo iniciativas para el futuro. Por ejemplo, la Asociación Brasileña de Energía Eólica y Nuevas Tecnologías (ABEEólica) ha anunciado que pedirá al Ministerio de Minas y Energía que incluya la energía eólica en la nueva subasta de energía prevista para el 25 de julio. Según la presidenta de la asociación, Elbia Gannoum, la subasta prevista inicialmente para la energía hidroeléctrica debería tener suficiente demanda para permitir la participación de los sectores eólico y solar. En cambio, el futuro de la energía nuclear en Brasil sigue en punto muerto. La reunión de esta semana del Consejo de Política Energética anuló la decisión sobre la reanudación de la producción nuclear en el país latinoamericano en la central de Angra 3, en el estado de Río de Janeiro, cuya construcción se prolonga desde hace 40 años y, por ello, ha acabado en varias investigaciones anticorrupción. Según un estudio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), se necesitan 23.000 millones de reales (4.012,6 millones de dólares) más para concluir las obras, actualmente al 65%, cifra que aumentará en función de las correcciones monetarias.
