Tras el colapso de la criptomoneda $LIBRA, que fue promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, la preocupación sobre las posibles repercusiones legales ha aumentado. Milei, tras eliminar su tuit, consultó con sus asesores sobre las posibles consecuencias jurídicas de su participación en el escándalo. Estudios jurídicos estadounidenses y el dirigente social Juan Grabois rastrean damnificados para una demanda colectiva.
A pesar de la defensa que afirma que no hubo actuación oficial, sectores de la sociedad y la oposición cuestionan la legalidad de la promoción de la criptomoneda. Se considera que los 40.000 afectados por las pérdidas derivadas de $LIBRA podrían estar en condiciones de iniciar acciones judiciales. Las transacciones vinculadas con la criptomoneda superaron los 1.500 millones de dólares, y su capitalización alcanzó los 4.000 millones antes del desplome. Además, se cuestiona si el presidente violó leyes clave, como la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, debido a su promoción sin considerar las normativas sobre inversión pública y captación de recursos.
Defensa de Milei y críticas de la oposición
La defensa del presidente sostiene que no cometió un delito, argumentando que el tuit fue solo una opinión personal, similar a la de un influencer en redes sociales. Francisco Oneto, abogado de Milei, defendió públicamente la postura del mandatario, asegurando que no hubo dolo en su actuación y que las acusaciones carecen de fundamento legal. Oneto también aprovechó para criticar a la oposición, mencionando las maniobras de la expresidenta Cristina Kirchner. Por su parte, Milei alegó que no conocía todos los detalles de la criptomoneda $LIBRA antes de promocionarla, aunque sus asesores le recomendaron no utilizar esa justificación. Ferraro, desde la oposición, recordó el principio legal que establece que “Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza”, sugiriendo que este tipo de defensa podría no ser aceptado en un tribunal.
La acción colectiva de Grabois
El abogado y referente de Argentina Humana, Juan Grabois, anunció el lanzamiento de una ofensiva legal contra el presidente Javier Milei, tras la polémica generada por la promoción de una criptomoneda en sus redes sociales. La medida incluirá una denuncia penal y una acción colectiva en favor de los ciudadanos que se consideren perjudicados por la supuesta estafa vinculada al proyecto “Viva La Libertad”.
Según explicaron, la estrategia judicial se desarrollará en dos frentes. En primer lugar, el diputado nacional Itai Hagman presentará una denuncia penal con el patrocinio de Grabois, basada en la violación del artículo 265 del Código Penal. Paralelamente, su equipo jurídico organizará una acción colectiva para agrupar a los damnificados y facilitar su acceso a la justicia.
Estafa internacional
“Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales”. Con este mensaje en redes sociales, el estudio neoyorquino de abogados Burwick Law abrió un formulario para representar a los eventuales damnificados por la presunta estafa realizada a través del token $Libra.
En el formulario de contacto, Burwick Law se promociona como “una firma de abogados de Nueva York centrada en los ámbitos especializados de activos digitales y litigios de protección al consumidor”.
Perspectivas
Una posibilidad es que el caso llegue a la Office of Foreign Assets Control (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que persigue las estafas financieras. Hay varios influencers internacionales que señalan que se trató de una estafa. Esta el caso de Nick O´Neill, Ceo de BoDoggos Ent, un conglomerado de medios especializados en mundo cripto. En una publicación en la red “X”, directamente señala que han confirmado que “Milei y su equipo cobraron” para promocionar la estafa.
Según revela una nota del periodista Fernando Alonso en El Destape, cuatro personas vinculadas a la actividad legal y a las finanzas en Estados Unidos y Argentinas coincidieron que esta operación terminará siendo investigada en la Justicia de los dos países porque se manifiestan los dos principios básicos: hay varios delitos y hay damnificados. Es decir, o se investiga de hecho los ilícitos o se investigarán a partir de las denuncias que presentarán los afectados.
La condición de jefe de Estado no frena la investigación judicial, ni en Argentina ni en Estados Unidos, y de ser considerado responsable, cualquier pena quedará en suspenso hasta que se tramite un juicio político o termine su mandato.
Un antecedente sobre el accionar de la Justicia de Estados Unidos fuera del ámbito nacional fue la investigación conocida como Fifa Gate, que aunque todas las acciones delictivas se realizaron en terceros países, se utilizó al dólar y afectó intereses estadounidenses. La investigación detectó un entramado de sobornos entre directivos del fútbol y empresarios a cambio de derechos televisivos y de marketing, y se originó como represalia a que el país no fue elegido como sede para disputar un mundial.
En el caso argentino, la conducta de Milei se asemeja a la de Wanda Nara, quien quedó bajo la mirada de la Justicia por la promoción de juego ilegal. La investigación debe determinar hasta qué punto la persona que se presta a la difusión de un ilícito está al tanto de esa situación.
En Estados Unidos hay antecedentes de investigaciones por casos asimilables al que protagonizó Milei. En octubre del año pasado, dieciocho personas y entidades fueron acusadas de una operación internacional dirigida al fraude generalizado y la manipulación en los mercados de criptomonedas.
Según relata la página oficial del organismo recaudador de EEUU, el IRS, los acusados que crearon empresas de criptomonedas hicieron declaraciones falsas sobre sus criptomonedas (“tokens”) y ejecutaron operaciones simuladas con esos tokens (“operaciones de lavado”) para crear la apariencia de una actividad comercial que haría que los tokens parecieran buenas inversiones.
Estas tácticas engañosas supuestamente atrajeron a nuevos inversores y compradores, lo que resultó en un aumento en los precios comerciales de los tokens.
Luego, se alega que los acusados vendieron sus tokens a precios inflados artificialmente, un fraude comúnmente conocido como “pump and dump”. La más grande de estas empresas de criptomonedas, Saitama, en un momento dado tuvo un valor de mercado multimillonario.
Toda la operación es similar a la ejecutada con $LIBRA, en cuanto generaron la idea de que se trataba de un negocio lícito (financiar actividades productivas en Argentina) mientras inflaban el valor de la moneda hasta representar una capitalización bursátil de US$4.600 millones para luego vaciar las cuentas y provocar una pérdida total a los inversores.
En un informe del FBI sobre fraude con criptomonedas, se presenta una “Guía para víctimas de estafas con criptomonedas” en el que alienta al público a presentar una queja, incluso si no se produjo una pérdida financiera.
