En una nueva muestra de tensiones entre el gobierno provincial y los municipios, la Intendencia de Colonia Elisa ha presentado una denuncia pública por la ejecución de trabajos en el ejido urbano sin el acuerdo necesario.
La intervención, que incluye tareas de adecuamiento hídrico y el posterior enripiado de calles, fue iniciada por la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) y la empresa Sameep, sin que existiera una coordinación previa con las autoridades locales.
Según información filtrada a través de las redes sociales de un concejal cercano al espacio del gobernador Leandro Zdero, la obra comenzó sin el consentimiento formal del municipio.
La noticia llegó a la comuna que conduce el intendente Pedro Maidana por medio de una publicación en las redes, lo que subraya una vez más la falta de comunicación entre los distintos niveles de gobierno y genera inquietud entre los funcionarios locales.
Además, Maidana apuntó contra un concejal que responde a Zdero y que, aseguró, busca protagonismo y posicionamiento político adjudicándose el trabajo del gobierno provincial.
Se trata de Fidel Ernesto Ibarra, edil de JXC, quien publicó en sus redes acerca del inicio de las obras de la polémica y que no han sido autorizadas por el municipio.
Un incumplimiento de normativas
La gestión de Maidana ha manifestado su profundo malestar, destacando que, conforme a la legislación vigente, cualquier obra dentro del ejido urbano debe estar precedida por un convenio formal entre la DVP y la comuna. La falta de este acuerdo constituye una violación directa de diversas normativas provinciales, como la Ley Orgánica Municipal (Ley 854-P) y el artículo 186 de la Constitución del Chaco, que garantizan la autonomía de los municipios en cuestiones de infraestructura y espacio público.
De acuerdo con la Ley 181-L sobre Obras Públicas, toda intervención debe estar justificada, ser publicada y contar con la coordinación de la autoridad local competente. La ejecución de obras sin cumplir con estos requisitos podría considerarse ilegal.
El llamado a la regularización
Maidana ha subrayado su disposición para colaborar en proyectos que beneficien a la comunidad. Sin embargo, enfatizó que la autonomía local y el bienestar de los vecinos deben prevalecer, y que cualquier obra debe ser llevada a cabo en cumplimiento con la normativa legal vigente. Exigen la regularización inmediata de la situación, para que la obra se realice bajo las condiciones establecidas por la ley y en coordinación con el municipio.
La denuncia pone en evidencia un conflicto latente entre el poder provincial y las autoridades locales, reflejando la importancia de respetar las competencias y los acuerdos para evitar mayores tensiones y garantizar el desarrollo armonioso de la comunidad.
