Las camaristas Geraldine Varas y Natalia Prato Stoffel se inhibieron de tramitar la acción de amparo que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza General Tributaria aprobada por el oficialismo en el Concejo de Resistencia y que ya rige para los tributos municipales durante 2025. Los motivos.
Tras la reanudación de la actividad judicial, la jueza de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa, Geraldine Varas, se excusó de intervenir en la acción de amparo impulsada por concejales de la oposición de Resistencia que pretenden que se declare inconstitucional la Ordenanza General Tributaria 2025 aprobada solo con los votos de los concejales oficialistas en el mes de diciembre de 2024 y que ya rige los tributos municipales que deben abonar los ciudadanos de la capital chaqueña.
La camarista se sumó a su colega de la misma Sala, Natalia Prato Stoffel, quién había hecho lo propio pero en el mes de diciembre, apenas presentada la acción de amparo que también solicitaba una medida cautelar para suspender la aplicación de la ordenanza.
¿Los motivos? Varas adhirió a los mismos argumentos que había expresado su par, Natalia Prato Stoffel, al afirmar que en las expresiones en redes sociales de la concejala del CER, Soledad Villagra, y las declaraciones a medios periodísticos de sus pares Guillermo Monzón y Fabricio Bolatti “se observa que constituyen actos directos y externos, basados en causas anteriores al presente, en los que se agravia mi dignidad en forma personal y como magistrada, y la imparcialidad de la Sala Primera que integro”.
Para la camarista, “la situación es de tal animadversión e intensidad que afecta la seguridad jurídica, por lo que corresponde me aparte de este proceso invocando casuales del inc. 10 del Art. 32 y el Art 44 del C.P.C.C. con respecto a los actores y me inhibo por motivos graves de decoro y delicadeza”.
Las críticas de los concejales opositores se acentuaron a partir de que las juezas de la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa dictaran una medida cautelar avalando la decisión del intendente de Resistencia, Roy Nikisch, de despedir a más de 430 trabajadores que se habían incorporado a la planta permanente durante la gestión anterior.
El amparo contra el impuestazo
En octubre de 2024, el oficialismo decidió avanzar en la sanción de la Ordenanza General Tributaria e Impositiva para el ejercicio 2025, que impuso aumentos en los tributos principales en torno al 90% sin contar con el acompañamiento de los bloques del Frente Chaqueño y la Corriente de Expresión Renovada (CER), incumpliendo así con la mayoría establecida y la realización del proceso de “Doble Lectura” previsto en la Carta Orgánica.
En este marco, las y los concejales de Resistencia, Fabricio Bolatti y Lucila Masin del Frente Chaqueño, y Soledad Villagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón por parte del CER, acudieron a la justicia para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de dicha norma aprobada en sesión ordinaria del pasado 22 de octubre, al considerar que «viola la normativa vigente» y sus efectos «afectan derechos y vulneran garantías fundamentales del régimen legal».
Citando fallos anteriores en ese sentido de esa misma Sala Primera, solicitaron que se inste al oficialismo municipal a cumplir con los procedimientos institucionales necesarios para lograr la aprobación de la normativa, dando participación a los ediles opositores que también fueron elegidos por la ciudadanía de Resistencia.
