Al igual que en las 32 deportaciones similares que se realizaron durante la gestión de Joe Biden, los migrantes viajaron esposados por razones de seguridad. La medida no había generado reclamos previos, pero ahora el presidente del país sudamericano promueve una reunión urgente de la CELAC
(Desde San Pablo) El presidente Lula da Silva ha convocado para hoy una reunión para decidir si asiste a la convocatoria de urgencia hecha para el miércoles por la Comunidad de Estados Latinoamericanos para tratar la expulsión de migrantes de Estados Unidos. Después de Colombia y México, Brasil también vivió su primera crisis con el gobierno de Trump.
El enfrentamiento se ha desatado por la reacción del gobierno de Lula a la deportación de 88 migrantes ilegales brasileños expulsados de Estados Unidos y esposados durante el vuelo que aterrizó el viernes por la noche en Manaos, la capital del estado de Amazonas. “Se presentará una petición de explicaciones al gobierno de Estados Unidos sobre el trato degradante a los pasajeros del vuelo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, en X.
El avión se dirigía a Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, pero tras aterrizar en Manaos para repostar, tuvo problemas con el aire acondicionado, lo que provocó un motín entre los pasajeros. Algunos de ellos incluso activaron la puerta de emergencia, bajaron y protagonizaron una protesta caminando por un ala del avión.
El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, criticó el uso de las esposas, que calificó de “falta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños”, decretando que un avión de la Fuerza Aérea Nacional transportara a los deportados a Belo Horizonte, donde, una vez llegados, algunos se quejaron de haber sido tratados con violencia por los agentes estadounidenses.
“Ni siquiera un perro merecía ser tratado así”, dijo uno de ellos una vez que aterrizó, tras pasar dos meses en prisión en Estados Unidos, adonde había llegado desde México. “Pasé casi 50 horas esposado, sin comer bien. Llevo cinco días sin ducharme”, dijo. Para recibir al grupo en Belo Horizonte, Lula envió a la ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la ministra afirmó que “los países pueden tener políticas migratorias, pero sin violar los derechos de nadie”.
El vicepresidente Geraldo Alckmin también intervino en el debate. En su X, elogió la decisión de Lewandowski. “Felicito al ministro que, por instrucciones del presidente Lula, ordenó de forma encomiable al gobierno de EEUU retirar las esposas a los ciudadanos brasileños deportados a Brasil, activando el envío de aviones de nuestra valerosa Fuerza Aérea para realizar la operación”, dijo Alckmin.
Añadió que “nuestra Constitución establece la dignidad de la persona humana como principio republicano fundamental y la prevalencia de los derechos humanos como uno de los ejes de sus relaciones internacionales”.
En un comunicado emitido ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que el uso indiscriminado de esposas y grilletes viola los términos del acuerdo con los EEUU, “que prevé el trato digno, respetuoso y humano de los repatriados”.
“El gobierno brasileño considera inaceptable que no se respeten las condiciones acordadas con el gobierno estadounidense. Brasil ha acordado implementar vuelos de repatriación, a partir de 2018, para reducir el tiempo que estos ciudadanos pasan en los centros de detención norteamericanos, debido a la inmigración irregular y sin posibilidad de apelación”, reza el comunicado.
Itamaraty también anunció que enviará una solicitud de aclaración al gobierno de EEUU y dijo que se mantendrá alerta a “los cambios en las políticas de inmigración de ese país, con el fin de garantizar la protección, la seguridad y la dignidad de los brasileños que residen allí”.
Sin embargo, si el del viernes es el primer vuelo de deportación de brasileños desde Estados Unidos bajo la administración Trump, también es el número 33 desde que Lula llegó a la presidencia de Brasil en su tercer mandato. En los 32 vuelos anteriores, que tuvieron lugar durante el gobierno de Biden, fueron deportados 3.660 brasileños, todos ellos también esposados durante el vuelo. Además, en esos 32 vuelos, el gobierno de Lula nunca hizo una crítica como la de estos días.
Según las autoridades estadounidenses, las esposas son necesarias para evitar que un pasajero expulsado ataque a la tripulación o a otros miembros del vuelo, poniéndolos en peligro. Entre los brasileños que llegaron el viernes, algunos han cometido delitos en Estados Unidos. Uno de ellos, entrevistado por la televisión brasileña, había sido condenado por blanqueo de dinero.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el gobierno de Biden es el que más brasileños ha expulsado desde 2013. En comparación con el primer mandato de Trump (2017-2021) y el segundo de Barack Obama (2013-2017), los brasileños representaron el 1,3% de los expulsados en el Gobierno de Biden, el 0,7% en el de Trump y el 0,4% en el de Obama.
Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, la diplomacia brasileña se quejó a la estadounidense por el asunto de las esposas. En una llamada telefónica entre el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, este había respondido que los protocolos de seguridad en los vuelos dependían del Departamento de Estado, pero prometió que se activaría para que en los vuelos compuestos por familias con niños no se usaran más las esposas.
Ya antes, durante la presidencia de Michel Temer, los dos países firmaron en 2017 un acuerdo por el que los brasileños acusados por las autoridades estadounidenses solo pueden ser deportados tras agotar todos los recursos posibles para permanecer en Estados Unidos.
El debate abierto en estas horas ha tenido como consecuencia inmediata una mayor polarización de la política brasileña. El diputado federal José Guimarães, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y líder del Gobierno en la Cámara, aprovechó la ocasión para atacar a la oposición.
“Mientras 88 brasileños eran expulsados de EEUU, los políticos pro-Bolsonaro celebraban la toma de posesión de Trump. Lula prohibió las esposas y garantizó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para recuperar a los expulsados. ¿Y la extrema derecha brasileña? Prefirió celebrar a los que quieren humillar a nuestro pueblo”, dijo refiriéndose a la presencia de la esposa de Bolsonaro, Michele, y de su hijo Eduardo en la ceremonia de investidura de Trump.
Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el Partido Liberal (PL), aprovechó por su parte la noticia para comparar a los migrantes deportados y el trato del Gobierno con los bolsonaristas detenidos por las invasiones del 8 de enero de 2023 a los palacios presidenciales. “Los mismos que celebran condenas de hasta 17 años de cárcel para madres y mujeres como Iraci Nagashi, de 71 años, dicen ahora sentir compasión por los migrantes deportados. Pero de nuevo se trata de una selección de hechos convenientes, porque nadie habla de estos 3.660 deportados por Biden”, afirmó.
En los últimos meses, en general, la vida de los migrantes brasileños en todo el mundo se ha vuelto más difícil. Según el diario británico The Guardian, más de 600 brasileños, entre ellos un centenar de niños, habrían sido expulsados “en secreto” del Reino Unido entre agosto y septiembre de este año. El Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, Itamaraty, confirmó la cifra, pero afirma que su regreso fue voluntario, a sugerencia del gobierno británico, que supuestamente les ofreció un viaje de ida y vuelta.
También en Argentina, cientos de estudiantes brasileños están dejando sus facultades para regresar a su país. La culpa no es sólo del aumento del coste de la vida en el país vecino, sino también de las tasas universitarias para los extranjeros. Según un informe del Ministerio de Capital Humano argentino, basado en los datos más actualizados disponibles a 2022, hay 20.255 estudiantes brasileños de medicina en Argentina, de los cuales 12.131 están matriculados en el sistema de educación pública. De los 8.124 restantes, alrededor de 6.000 cursan en la universidad privada Barceló, donde los brasileños ocupan el 75% de las plazas.
Para los emigrantes brasileños, la situación también se ha agravado en Portugal, hasta el punto de que en la próxima cumbre entre los dos países, que se celebrará en Brasilia a partir del 19 de febrero, también se debatirán los problemas de los brasileños en Portugal, donde representan la mayor comunidad extranjera. En particular, el cónsul brasileño en Lisboa pondrá sobre la mesa las cuestiones de la violencia, la xenofobia y el racismo.
Ya en la reunión de 2023, los emigrantes brasileños denunciaron “diferentes tipos de discriminación y ataques a sus derechos” en una carta abierta a Lula. Según la Agencia Portuguesa de Integración, Migración y Asilo (AIMA), de un total de más de un millón de extranjeros que viven en Portugal, los brasileños con visado de trabajo regular en 2023 eran 368.449, es decir, el 35,3% del total. En 2024, según las estimaciones de AIMA, llegaron a 600.000.
Muchos de ellos sufren los elevados alquileres y se ven obligados a vivir en tiendas de campaña en la calle. Por eso muchos, desilusionados por el sueño europeo, están pidiendo ayuda a Itamaraty para regresar definitivamente a Brasil. En 2023, la Agencia de la ONU para las Migraciones apoyó la repatriación de 1.661 brasileños de 34 países. Esta cifra es más del triple del total de brasileños asistidos por el programa en 2016.
