Lo hizo el magistrado federal de Campana para activar un mecanismo de colaboración con la UIF de ese país. Se investiga si la concejal cercana al ex ministro y un juez de faltas administraban restoranes en Málaga
El juez federal de Campana Adrián González Charvay habilitó la feria judicial para obtener una prueba clave de España, en el marco de la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la Provincia Jorge D’Onofrio y a varias personas de su entorno. Tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el magistrado activó la colaboración con el organismo español para no demorar el trámite.
“Habilítese la feria judicial del mes de enero de 2025 al solo efecto de canalizar el requerimiento oportunamente realizado”, sostuvo González Charvay en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El último día hábil del año pasado, la UIF le había informado al juez que “para solicitar información de requerimientos a Unidades de otros países que conforman el Grupo Egmont” había que llevar adelante el proceso previsto en la Resolución UIF 66/2023. Ese escrito ingresó al juzgado el 2 de enero. Para no demorar más los tiempos, el magistrado habilitó la feria y activó los resortes formales. Entre otros cosas, el juzgado tiene que aportar una “descripción de la hipótesis investigada y su relación con el lavado de activos”.
Para obtener la prueba de España, el juez pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
González Charvay investiga a D’Onofrio por lavado de dinero. También fueron imputados y son parte de la investigación la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
La información que pueda aportar España es clave, tal como ocurrió en el caso de Martín Insaurralde. Claudia Pombo -que tuvo que renunciar a la Presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y podría dejar su cargo como concejal en breve- hizo varios viajes a ese país en los últimos años y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.
Ambos estarían detrás de Cattleya Blue S.L., una sociedad creada para explotar dos restoranes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”. De hecho, la dirección informada por esa sociedad, Calle San Lorenzo 23, coincide con el domicilio de “Tardeo Soho”.
Hay más coincidencias. Desde su cuenta de Instagram, el juez Quattrochi seguía a ambos locales. Y la concejal Pombo se sacaba fotos en uno de los restoranes.
Los viajes de Pombo sorprendieron a los investigadores y son materia de investigación. Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la concejal hizo 5 viajes a España, 5 a Estados Unidos, 1 a Brasil, y 1 a Uruguay.
Al imputar a Pombo y a D’Onofrio, el fiscal federal Sebastián Bringas pidió que se investigue a Cattleya Blue SL. E impulsó otras medidas que son habituales en las causas de lavado.
Entre las pruebas figura un informe pedido a la UIF de todas las personas investigadas. Ese documento, que todavía no aterrizó en Tribunales, tiene un dato llamativo: Claudia Pombo ganó premios por más de $3 millones en el Bingo Pilar, a solo cinco kilómetros su casa, en el barrio Ayres de Pilar. Los premios se registraron entre 2015 y 2018, según reveló Infobae, cuando esa cifra era significativa. “Es la forma más antigua de lavar dinero, aparece en muchos casos de este tipo”, advirtió un experto en lavado.
Pese a la feria, en los primeros días de enero se sumaron a la causa las respuestas de la Dirección Regional Mercedes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
Además de esa sociedad Cattleya Blue SL, el juez Quattrochi aparece en Almus Blue SL. En 2023, según la documentación que figura en el expediente, el juez compró 30 acciones de esa firma. El resto de las acciones fueron adquiridas por Matías Germán Trejo, un empresario argentino.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. La principal está en manos del fiscal de La Plata, Alvaro Garganta. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Antes de la feria, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba. Por su parte, la defensa de D’Onofrio, a cargo de Ramiro Pérez Duhalde, apeló un fallo de la Cámara de San Martín que había impulsado la causa, y pocos días después terminó desistiendo de ese recurso. El ida y vuelta sorprendió a los investigadores.
En el expediente aparecen varios vehículos millonarios. Según la denuncia del empresario Leandro Camani, presidente de Secutrans, Pombo y D’Onofrio tienen cédulas para manejar una camioneta Toyota SW4, patente AF-675-YT, a nombre de Agustina Cuadra, la hija de la concejal. Además, se menciona un Audi Q8, que también aparece a nombre de un tercero, Facundo Asensio, ex marido de Cuadra. La Justicia le pidió a la Dirección de los Registros de la Propiedad Automotor una copia digital de los legajos “B” de ambos vehículos.
La Justicia investiga el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados, pero apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
