El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aliado político del gobernador Leandro Zdero, debió salir a admitir que la decisión de volver a cobrar por estacionar en la calle cayó mal en la gente y ensayó un intento por justificar la medida que impulsan tanto él como el intendente Roy Nikisch.
A una semana del regreso del EMI, Aradas reconoció que la reimplementación del estacionamiento medido provocó malestar ciudadano, pero le echó la culpa a la gente que “no entendió” el anuncio de su jefe Nikisch.
Además, adelantó que el municipio ejecutará un periodo de prueba para analizar el día a día de la medida y en base a eso abrió la posibilidad de una marcha atrás.
Pero también quiso justificar la decisión de volver a cobrar por dejar el auto en la calle a un intento por ordenar el caos del tránsito en Resistencia.
En recientes entrevistas con distintos medios, Aradas dijo que existe una percepción negativa hacia el retorno del EMI y que se han generado conflictos con, por ejemplo, los frentistas.
El presidente del Concejo señaló que este tema será objeto de «largo debate» en el legislativo local y, especialmente, en las comisiones, lo que consideró fundamental para encontrar soluciones que equilibren las necesidades del municipio y las preocupaciones de los ciudadanos.
“Vamos a aprovechar ese tiempo de corrección para también nosotros poder aportar cuestiones que vemos que pueden sumar y tranquilizar la situación”, admitió.
El titular del cuerpo parlamentario capitalino también buscó minimizar el cuadro conflictivo al asegurar que el EMI existe en la ciudad desde hace 20 años y que “la gente tiene muy poca paciencia hoy con algunas cuestiones”.
“Los tiempos hoy no son los mismos que hace 20 años”, afirmó y apuntó que tampoco el parque automotor de Resistencia es el mismo que dos décadas atrás.
“El objetivo del estacionamiento medido es descomprimir el tránsito en el micro y macrocentro de la ciudad. Algunos no lo entendieron así, pero está bueno y bienvenido sea el debate con respecto a este tema”, agregó.
Aradas reconoce que existe una brecha entre la supuesta intención de la medida adoptada por el municipio y la recepción que tuvo entre los ciudadanos, discrepancia que alimenta el debate y el malestar social.
