La Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, denunció la crítica situación del pueblo Wichí en El Impenetrable chaqueño, marcada por el virtual abandono estatal y la falta de acceso a derechos básicos como agua, alimentos y salud. A través de una acción de amparo y medida cautelar pidió asistencia urgente para paliar la “pobreza crítica” de las comunidades y que sus líderes sean escuchados. En esta entrevista con LITIGIO, cuestionó la efectividad del programa alimentario Ñachec y señaló la brecha entre la realidad y lo que difunden la gran mayoría de los medios locales. “En El Impenetrable hay tal nivel de abandono que no entiendo por qué no sale en las noticias”, sostuvo.

Por Bruno Martínez 

Gisela Gaúna Wirz, Defensora General Adjunta del Chaco, no es una improvisada en la cuestión indígena. Como muestra, basta un sucinto recorrido por algunas de sus credenciales. Es experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional (Universidad Carlos III de Madrid); especialista en Mecanismos Regionales de Protección de Defensores Indígenas Ambientales (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH) y diplomada en Diseño y Gestión de políticas públicas con base en Derechos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH).

Tampoco es devota de la exposición mediática. Es algo llamativo en una funcionaria pública que ocupa un cargo tan importante dentro del Poder Judicial, donde últimamente se pide cámara para anunciar cualquier cosa, pero es notable como reniega de las fotos. (De hecho, esta revista tardó varios minutos en convencerla para tomarle algunas para ilustrar la entrevista).

Está claro que no lo hace desde un lugar de superioridad o desprecio a la labor periodística, sino todo lo contrario. Se nota cierto factor de modestia exagerada, en un ideal de invisibilización imposible (la suya), la cual tiene su base, su fundamento, en que “la causa” es más importante que ella.

A pesar de esto, Gaúna Wirz tuvo una inusual exposición mediática en los últimos días. Fue tras presentar el 22 de noviembre pasado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de amparo colectivo y un pedido de medida cautelar contra el gobierno del Chaco y en favor de las comunidades Wichís de El Impenetrable chaqueño.

En lo urgente, pidió asistir con alimentos y agua potable a las familias que habitan las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de los parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano, y todas aquellas asentadas en la región de El Impenetrable. Señaló que las comunidades le relataron que la dificultad para acceder a los alimentos se agravó en el último año, coincidiendo con las llegadas de Javier Milei, al gobierno nacional, y Leandro Zdero, al provincial.

En lo mediato, solicitó que se cree una Mesa de Coordinación Interinstitucional e Intercultural que incluya a los líderes indígenas y que tenga por finalidad elaborar un plan de trabajo que contemple la realización de medidas a fin de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos humanos vulnerados a lo largo de tantos años. En definitiva, que se los escuche.

La respuesta del gobierno vino a través de la Fiscalía de Estado. En su escrito, las abogadas, Verónica Klappenbach y Andrea Quevedo, afirmaron que el Ejecutivo se está ocupando de todos los problemas que se dan en la zona, incluso en las regiones que no están incluidas en la cautelar de la Corte Suprema, dictada hace 17 años a pedido del por entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Y que, por eso, no hace falta que la Justicia se entrometa una vez más.

El último escrito lo presentó Gaúna Wirz días antes del inicio de la feria judicial. Al reiterar al Superior Tribunal que se expida con premura, aportó datos brindados por organizaciones de la sociedad civil y por el propio gobierno, que reforzaron sus argumentos en dos puntos: el primero, que no es cierto que las familias wichís de las zonas no incluidas en la cautelar de la Corte están siendo asistidas por el gobierno en los operativos alimentarios denominados “Ñachec”.

Y el segundo, que el contenido de la bolsa de comida que se entrega en esos operativos no es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas para toda una familia a lo largo de un mes. (Oficialmente, se informó que la caja Ñachec viene con un paquete de lentejas secas; uno de azúcar; uno de polenta; uno de harina; uno de leche; uno de arroz, uno de yerba y una botella de aceite. Y que la misma está destinada a “familias vulnerables”, tomando como factores para acceder a este beneficio “la desnutrición, la discapacidad y la falta de acceso a servicios básicos”).

Alertó, finalmente, que los comedores escolares, lugares donde muchos niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas tienen asegurada una ración de comida al día, estarán cerrados durante el período de vacaciones. Y también sobre la situación de los merenderos, los cuales funcionan sólo el 30% y de manera intermitente. A pesar de la insistencia, el Superior Tribunal aún no se expidió.

―El gobierno promueve el programa Ñachec como la panacea para terminar con el hambre en el Chaco. ¿Es así?

―Ñachec es una bolsa con unos cuantos elementos de comida, pocos.

―¿Incluye carnes y verduras?

―Desde las comunidades no me mencionaron en ningún momento que entreguen carnes ni verduras. Ellos me decían que tampoco llega para todos.

―Quería consultarte sobre la situación de los comedores escolares en la zona que actualmente está dentro de la cautelar de la Corte. En el informe que el gobierno provincial envió recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que en esas escuelas se da una doble ración de comida atendiendo a la situación de vulnerabilidad. ¿Esto es así?

―Yo contesto en relación a lo que me dice la gente. Y ellos me dicen que recibían una sola ración de comida. Por eso, no sé cómo la Comisión Interamericana que está en Washington puede llegar a saber qué está pasando en El Impenetrable, cuando ni las mismas autoridades del gobierno se acercan a dialogar con la gente para saber qué es lo que necesitan. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, porque es algo que hace a las mismas diferencias culturales, es cuando me decían que les resultaba ofensivo la premisa del gobierno de asistir “sin intermediarios”. Eso también lo puse en la demanda. Ellos decían que se manejan a través de intermediarios, de sus líderes y de personas que están más capacitadas en cada área. Que le corten esta posibilidad de manejarse a través de sus representantes para ellos es culturalmente ofensivo. Hasta el nombre del programa Ñachec (“gracias” en lengua Qom) les resulta ofensivo. Me dicen: “¿Por qué tenemos que decir ‘gracias’ como que estuviéramos recibiendo una limosna? Nos obligan a agradecerles por la limosna que nos dan. Y en un idioma que ni siquiera es el nuestro”.

―¿Se hizo algún relevamiento por parte del gobierno provincial vinculado al tema de la nutrición de los niños, niñas y adolescentes de la zona?

―La verdad que no sé. Y cuando hablamos con ellos sobre la manera de llevar adelante esta demanda, yo les explicaba que no tenía medios porque el Ministerio Público de la Defensa no es autárquico. No tengo peritos ni tampoco gente capacitada para hacer relevamientos. Y yo les decía que el gobierno, cuando nosotros presentemos el amparo, iba a aparecer con tiras y tiras de números y de información diciendo todo lo que mandaban, y que nosotros como no tenemos técnicos ni peritos capaces de controvertir esa información, lo único que íbamos a tener era el testimonio de la gente. Por otra parte, en cuanto a la cuestión de acceso a la salud, en la zona de El Interfluvio, donde supuestamente el gobierno sí ayuda, que es el objeto de la cautelar del Defensor del Pueblo de la Nación, la situación es terrible.

―¿Terrible en qué sentido?

―En la falta de todo. Ahí la gente me pidió también un amparo y yo les expliqué que yo no podía presentar otro amparo porque eso ya se estaba tramitando y se estaba ocupando el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño) y el Defensor del Pueblo de la Nación. En esa ocasión constaté que había muchas faltantes. Había personas picadas por las víboras que no podían llegar al centro de salud. Me encontré también con una persona indígena que estaba esperando en el centro de salud hacía dos horas. Le pregunté qué estaba pasando y nos dijo que esperaba a la ambulancia porque había una sola que tenía que venir de Castelli. Iba a tener que seguir esperando, no sé hasta qué hora. Entonces le pedí por favor al chofer (de la Defensoría General) que lo cargue en la camioneta y lo lleve hasta el hospital. No lo podíamos dejar ahí.

―En esa recorrida que realizaste, ¿notaste que eran suficientes los médicos, medicamentos y equipamientos en la zona?

―No, de ninguna manera. No sé si eso se habrá modificado ahora.

―Si se hubiese modificado, el gobierno lo hubiera dado a conocer en cadena provincial.

―Es que yo tampoco puedo confiar en lo que publican los medios.

―¿Por qué?

―Porque leo en los diarios que sale un cargamento del Ejército y dicen: “Acá, entregando mercadería en tal y tal localidad”. Desde acá, a 500 kilómetros, digo, bueno, qué alegría. No obstante, cuando sale eso, yo ahora lo que hago es mandarle un WhatsApp a la gente preguntándole si recibió la mercadería. Y la respuesta siempre es la misma: “Acá no llegó nada”. Entonces, yo la verdad que no sé qué pasa. Una vez que dijeron que lanzaron un gran programa que estaban en la plaza de Misión Nueva Pompeya, les dije a la gente que era muy bueno que haya llegado el gobierno porque seguramente se iban a reunir con los dirigentes. Y me dijeron que no era así. Llegaron y hablaron con cinco personas que eran afines a ellos y se fueron. Estuvieron una o dos horas. No se acercó nadie a hablar con la comunidad. Por eso, una cosa es lo que yo leo en los medios y la foto que se publica y otra cosa lo que me dicen las personas y lo que veo allá. Porque yo entré a las casas. No es que me contaron. Yo vi el estado de necesidad de esas personas. Con decirte que cuando terminamos una reunión en El Sauzalito, llevamos hasta el Vizcacheral, a unos 60 kilómetros, a una persona que no tenía como volver. Cuando llegamos había por lo menos 20 criaturas arremolinadas alrededor de la camioneta pidiendo algo.

“Yo entré a las casas. No es que me contaron. Ví el estado de necesidad de esas personas”

―Mendigando.

―Más o menos. Y ya habíamos dado todo, hasta la comida que habíamos llevado nosotros. Compramos cosas para llevar, para el almuerzo. Bizcochos, chupetines, lo que encontramos. No teníamos nada para nosotros y Andrés (Perino, secretario letrado provisorio de la Defensoría General) encontró una bolsita con semillas que había guardado. Se la doy a una criatura, que me preguntó: “¿Se come?”. Le dije que sí y ahí comenzó a comer desesperadamente. Hay un nivel tal de abandono y pobreza que no entiendo por qué no sale eso en las noticias. Si esa gente recibió tanto Ñachec, ¿dónde lo guarda? Porque no se ve. Ves la miseria en su estado más puro.

―¿Notás desinterés por parte del gobierno provincial en relación a las comunidades indígenas?

―Es que la agenda nacional es la agenda de exclusión. Yo no sé si el Chaco va a querer ir contra la agenda nacional. Acá por lo menos, por lo que hablaba con la gente, había una confianza en que las cosas con este gobierno iban a ser diferentes. O esperaban que hubiera mejoras. Pero ahora, por lo que ellos dicen, están cada vez peor.

―Además del tema alimentario, por lo que se ve es preocupante la situación por la falta de acceso al agua potable de algunas comunidades de El Impenetrable. ¿En toda la zona es igual o hay algunas que están peor que otras?

―Hay zonas que reciben el agua potable por el Acueducto. Ellos tienen bastante claro cuál es la situación y cuáles son los parajes más afectados. Lo que me llamó la atención es que íbamos a ver los parajes, que no tenían agua y sacaban de la laguna y de los pozos, y ellos decían que al costado de la ruta pasaba el caño del Acueducto pero que no se habían hecho los empalmes. Esa es la situación puntual.

―Parece una obra que no demandaría mucho dinero.

―Claro. Y después en algunos lugares más alejados, calculo que se puede suplir con el camión de la municipalidad. Pero se mejoró mucho con el tema del Acueducto y se dejó eso pendiente porque son las personas más vulnerables las que están alejadas del centro de las respectivas localidades. Es muy diferente la problemática de cada uno de los parajes.

―La Fiscalía de Estado dice que tu planteo es “muy genérico”. ¿Qué respondés a eso?

―Posiblemente sea muy genérico porque no tenemos los medios como para hacer un relevamiento profundo de la situación. El único conocimiento que puedo llegar a tener que se fue dando en distintas reuniones con la comunidad que ellos van exponiendo cuáles son sus problemas.

―La respuesta de la Fiscalía de Estado es tan técnica y burocrática que llama la atención. Porque en una situación en la cual un órgano del Poder Judicial está alertando sobre graves situaciones que necesitan de asistencia humanitaria urgente lo más humano sería que se intente abordar la situación en conjunto y no brindar solamente excusas.

―Es que justamente ese es el tema. No lo estoy diciendo yo. Lo único que yo hago es traer los testimonios de estas personas, acercarlos al Superior Tribunal. Estos testimonios de otra manera nunca hubieran llegado hasta acá. Y la demanda fue darle forma jurídica a ese reclamo. Entonces, en las sucesivas recorridas en El Impenetrable, siempre el reclamo fue el mismo. Siempre pidieron por programas alimentarios. Por el tema del agua, por las condiciones de salud, por los caminos. Y se planteó en los últimos tiempos esta cuestión del miedo que les generaba el ejercer vías de protesta por las amenazas de represión que existen. El reclamo no nació con este gobierno ni con el anterior. Es histórico. Lo que pasa es que ahora se suma a las políticas que bajan del gobierno nacional que les trae más miedo a las comunidades y a toda esta situación que a ellos los empobrece todavía más. Entonces, el tema es como planteamos esta protesta y como la seguimos de acá en más. En aquel acampe de agosto (de este año, realizado en Castelli) fueron dos semanas en las que estuvieron en condiciones indignas, porque era una barbaridad. Había ancianas durmiendo en el pasto, gente con diarrea, gente sin comer. Y esa no es una forma de protesta adecuada. ¿Cuál es la otra vía? La legal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esperar a que venga un perito o alguien para relevar y dar estadísticas o buscar de alguna manera hacer valer esa protesta mediante la vía judicial para que ellos no vuelvan a exponerse de esta forma. No había muchas otras formas de hacerlo. Y si el gobierno dice que es mentira, que vayan y se lo digan en la cara. Que no tienen hambre, que no necesitan el agua, que la bolsa Ñachec contiene todo lo que podrían necesitar a una familia para sobrevivir un mes completo. Que se les está brindando oportunidades para poder vivir bien. Pero que se los digan a ellos.

―No lo van a hacer.

―No sé. Si les da la cara, que salgan y digan: “Ustedes están mintiendo”. Que no me lo digan a mí. Yo solamente estoy transmitiendo la realidad que me transmiten ellos. Es más, no tengo ningún problema en que me digan que soy una mentirosa, pero los voy a invitar a ellos a que vayan hasta allá y verifiquen. O que algunas de esas fotos que tomé con mi celular, que acompañaron la demanda, no son ciertas. Pero que por favor demuestren que esa gente no tiene necesidades.

―A pesar del blindaje mediático, la presentación del amparo y cautelar se publicó en varios medios, incluso en Página/12. Desde el gobierno nadie salió a hablar del tema. Optaron por el silencio. ¿Qué impresión te merece esto?

―Insisto, a mí no me tienen que decir nada. A mí me haría profundamente feliz si me escriben los líderes de cada una de las comunidades y me dicen que están teniendo eco de su reclamo, que se acercaron a dialogar. Esa va a ser el reclamo que es efectivamente escuchado. Si no tengo respuesta, supongo que no se escuchó. Esa es la única suposición que puedo llegar a sacar.

―Más allá de la respuesta judicial a tu presentación, ¿informalmente alguien habló con vos desde el Ejecutivo provincial?

―No, nadie.

―Uno de los últimos escritos que presentantes es un pedido al STJ para que haga lugar a la cautelar, con habilitación de días y horas y de la feria judicial. ¿Estás particularmente preocupada por la situación que se pueda dar en el período de receso?

―Sí, porque significa que esto va a quedar en stand by durante todo enero hasta el 1 de febrero y no sabemos si en enero efectivamente alguien se va a ocupar de atender las necesidades de estas personas. Si el Superior Tribunal hiciera lugar a la cautelar recomendándole al gobierno que extreme las medidas para que efectivamente estas personas puedan tener acceso al agua y a los alimentos en el período estival, estaría salvado lo más urgente. Y lo que se espera del amparo en sí es un proceso de diálogo. Ni siquiera una controversia con el gobierno.

―¿Cómo sería ese diálogo?

―Lo que piden es que hablen con ellos de igual a igual, no menospreciándolos o imponiéndoles ciertas políticas. Todos los representantes dijeron que nunca se los ha llamado por parte de nadie del gobierno para escucharlos. Y eso es lo que están pidiendo. Los pueblos indígenas tienen aseguradas esta instancia a través de la misma Constitución Nacional. La consulta pública es una forma de democracia directa. Cualquier tipo de política pública que los involucre tendría que ser consensuadas y habladas con ellos respecto de cuál es la mejor forma para poder llevar adelante este desarrollo que se pretende para sus comunidades. Porque ellos tienen propuestas muy interesantes. Se puede contratar técnicos con la mejor buena voluntad, pero si no se los escucha a los integrantes de las comunidades es lo mismo que nada.