La jueza Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sustancia contra el ex legislador entrerriano, detenido en Paraguay. La solicitud incluye a Iara Guinsel Costa, así como el secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas. La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en nuestro país, luego de que fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica al haber sido presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei, ya había salido del país.
La magistrada también solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.
Arroyó Salgado tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente se abrió a principios de julio pasado por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones en la revista Análisis y el sitio El Disenso que revelaron que el ex senador tenía, al menos, tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad – Betail SA – que habría usado como pantalla. La empresa también está siendo investigada por la justicia federal por lavado de activos y asociación ilícita.
La propiedad de las unidades salió a la luz porque Betail SA figuraba como titular de la expensas de las unidades hasta mayo pasado. Al mes siguiente, aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kueider en la Cámara alta. El ex legislador y la joven mantendrían una relación afectiva.
Esta causa está vinculada a otra anterior que tramita en el mismo Juzgado Federal en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, cuando Kueider era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. Recayó en su jurisdicción porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas el 8 de octubre pasado.
Cómo es el trámite de la extradición
La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara. A Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esa solicitud cursada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina Interpol, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay. El objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.
El exhorto internacional debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay desde 1996. En la fundamentación del pedido figura que los delitos de los que está acusado Kueider tienen una pena de prisión mayores a dos años y menores a prisión perpetua, que no están prescriptos, y que en caso de resultar extraditados los requeridos, el ex senador y su secretaria “solo serán sometido a proceso en relación a los hechos que motivan la presente requisitoria”.
Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición – ya judicializado – corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní. Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación,
Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, según precisó el fiscal de Ciudad del Este Alcides Giménez a Infobae. “Se tiene en cuenta si la expectativa punitiva es más alta en el país requirente. Si el acusado se niega a ser extraditado, se judicializa”, explicó. Por lo que trascendió, Kueider preferiría permanecer en Paraguay, donde cumple una particular prisión domiciliaria en un departamento de lujo, y con una pena potencial menor a la de los delitos por los que está siendo investigado en Argentina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. En ese caso, podría apelar y tendría distintas instancias para cuestionar el proceso, lo que demoraría el trámite.
La magistrada dispuso, además, que la Justicia paraguaya le envíe copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país contra Kueider y Guinsel Costa. Puntualmente, incluidos el acta de procedimientos que dio cuenta del secuestro del dinero, elementos informáticos y documentación obrante en poder de la pareja , así como también declaraciones testimoniales, indagatorias, informes periciales, así como las imágenes, vídeos y evidencia digital obtenida.
La solicitud de Arroyo Salgado va por un canal paralelo al intercambio de información que vino teniendo lugar entre los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay, vía sus respectivas Oficinas de Cooperación Internacional, en el marco de los acuerdos de colaboración vigentes entre ambos países. Infobae pudo confirmar que los fiscales paraguayos, Giménez y Edgar Benítez, enviaron la semana pasada copia de las actuaciones realizadas en Ciudad del Este cuando Kueider y su acompañante fueron detenidos con USD 211.000 sin declarar, a la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez y a Diego Velazco, titular de la PROCELAC.
Ahora la jueza busca asegurarse que le envíen copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país, incluido, por ejemplo, el poder presentado por la joven para actuar en nombre de la empresa paraguaya Golsur SA, que sería una firma de “maletín”, o sea sin actividad real, que fue comprada para hacer una inversión en Paraguay sin que se sepa quién está detrás del dinero.
Este envío recíproco de información entre los Ministerios Públicos sobre las causas abiertas en cada país contra Kueider podría habilitar que los fiscales paraguayos dispusieran que el ex senador sea deportado, en un tiempo mucho más corto que la extradición. Sin embargo, esa posibilidad – que recién se abrió luego de que perdiera sus fueros – va perdiendo chances, ya que el plazo para que eso ocurra, finaliza cuando ingrese formalmente el pedido de extradición al país.
Secuestro de celulares
Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al ex senador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no había concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados – vía presencial o remota – y, de haber sido así, tratar de recuperar el contenido. En el Juzgado saben que es factible que se pueda haber perdido prueba, debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestros de los teléfonos en un primer momento.
La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder, al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción. El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.
La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.
El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz – quien estuvo este fin de semana con su defendido en Asunción, la capital paraguaya – presentó ayer a la mañana una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la invalidez de la sesión en el que Senado resolvió por una amplia mayoría de 60 votos expulsar a Kueider del cuerpo por inhabilidad moral. El letrado citó, incluso, las declaraciones de Milei sobre esa expulsión en una entrevista en radio El Observador. El viernes, había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicte una cautelar que lo reponga como senador nacional.
La causa por enriquecimiento está vinculada a otra anterior que tramita en su mismo juzgado en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, cuando Kueider era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. La jueza dispuso su conexidad el 8 de octubre pasado, decisión avalada por la Cámara Federal de San Martín a principios de diciembre.
Infobae