Fernando Korstanje es representante de la sociedad civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Tucumán y ejerciendo estas funciones, el pasado 30 de julio, fue agredido por un policía cuando intentó inspeccionar la Comisaría 1°.

El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresaron su solidaridad y apoyo al comisionado y al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Tucumán.

Korstanje es también docente de la Universidad Nacional de Tucumán y desde hace años desarrolla una incansable tarea militante y pedagógica por los derechos de las personas privadas de la libertad.

En su calidad de comisionado, se dirigió el 30 de julio a la Comisaría 1°, a las 18.40 y se acreditó para realizar una visita institucional de monitoreo. Relató que fue atendido por un policía que se identificó como C. Vázquez, quien antes de permitirle el ingreso al edificio le pidió consultar a su superior. Pasados unos minutos se acercó una persona que dijo ser Esteban Molina, jefe de la Comisaría, le impidió el ingreso con el argumento de que necesitaba una autorización para ello, lo que obligó a Korstanje a leer la norma legal.

Molina siguió negando el ingreso y tampoco quiso firmar un acta donde constara su negativa. Ante esto, y siguiendo normas de uso corriente en los mecanismos de prevención de tortura, que implican priorizar la preservación de la propia integridad ante negativas o amenazas, Korstanje permaneció en el hall principal de la Comisaría.

Minutos después salió otro policía sin identificación que le manifestó que tampoco podía estar ahí, y le dijo que se retirara de la Comisaría. Korstanje le solicitó que se identificara y le advirtió que estaba tomando una foto con su celular, ante lo cual este policía le dio golpe de puño en el rostro y lo empujó unos metros. Además lo amenazó con seguir golpeándolo y “meterle el celular en el culo”, lo que el CNPT calificó como amenaza de agresión sexual.

El agresor que no se encontraba debidamente identificado, sería “un tal Artero”. Korstanje ya realizó la denuncia y se presentó como querellante junto al abogado Carlos Garmendia. También denunció a Molina. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital. También firmaron la denuncia por lo ocurrido otras dos comisionadas del mecanismo local.

Ese día, después de visitar otras comisarías, el comisionado fue a la Comisaría 1° para entrevistar a un detenido con problemas de salud mental y adicciones, quien denunció torturas y malos tratos. También había recibido otro pedido de una madre por una mujer detenida. Cuando llegó había una requisa. Korstanje indicó que se encontraba personal de Infantería para “poner en orden” una situación en los calabozos. Advirtió que “no debería haber calabozos” en la dependencia policial.

El comisionado contó que se ubicó en un rincón a filmar. No podía entrar a la zona de celdas porque no le permitían el ingreso. “Yo me quedé detrás de la puerta. Pude escuchar a través de la puerta la violencia de la requisa. Tantas veces narrada por los presos a mi persona”, manifestó en el programa local Luz Verde, de Prensa TV.

Korstanje destacó la gravedad de la agresión hacia él. “El problema es que si eso ocurre con un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro? A mí no me dejaron ver”, expresó.

“La agresión impidió que el comisionado accediera al sector de celdas en el momento en que se realizaba una requisa a las personas detenidas, entorpeciendo de este modo la tarea preventiva y de defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad”, manifestaron el Consejo Federal y el CNPT.

Después de lo ocurrido, el CNPT informó que puso en conocimiento de la situación a las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial a quienes le solicitaron el inicio de una investigación disciplinaria.

El Consejo Federal de Mecanismos Locales y el CNPT reclaman que se realicen tanto la investigación penal como la administrativa, “de forma pronta y eficaz para imponer las sanciones correspondientes”.

“Resaltamos que estos hechos no solo constituyeron un ataque a la integridad personal y libertad del Comisionado Korstanje, sino que además tuvieron como finalidad específica la obstaculización directa de las funciones que tiene el MLP (Mecanismo Local de Prevención de la Tortura) de Tucumán”, manifestaron el CNPT y el Consejo Federal.

Quienes integran la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura están facultados para realizar inspecciones en las instituciones de encierro, como carcelarias, comisarías, hospitales psiquiátricos, institutos penales juveniles en el marco de las leyes provinciales 8.523 y 9.266, la ley nacional 26.827 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Consejo Federal de Mecanismos Locales y el CNPT afirmaron que en miras a evitar la repetición de estos hechos, consideran “imperioso que se brinden capacitaciones al personal policial sobre las facultades de los organismos de monitoreo”. Asimismo, reiteraron que es una obligación pendiente de la provincia de Tucumán completar la integración del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y dotarlo de un presupuesto y estructura adecuada, tal como lo establece la normativa vigente.

Representantes de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación firmaron el comunicado en solidaridad con Korstanje y exigiendo sanciones para el policía agresor.

Página/12