La UCR se aproxima a un acuerdo con el oficialismo para que el Senado termine aprobando el proyecto de aumento de las jubilaciones que obtuvo media sanción en Diputados y que, luego, Javier Milei vete parcialmente la ley.
El entendimiento habilitaría una recomposición del 8 por ciento en los haberes previsionales, para empatar el 20 por ciento de inflación de enero que había sido mal compensado por el 12 por ciento que el Jefe de Estado otorgó por decreto en abril.
Al mismo tiempo, el primer mandatario vetaría la parte de la norma que establece que los próximos aumentos se calculen por RIPTE frente al crecimiento económico. «En un contexto de inflación a la baja, el cálculo de las subas también caería y eso mantiene el objetivo de bajar el déficit», especulaba una fuente parlamentaria.
La discusión del proyecto está parada por el receso invernal del Congreso y fue congelada cuando el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, se plegó a los libertarios en la última sesión para mocionar que el tema se trate, con o sin dictamen y sin fecha precisa, cuando el cuerpo volviera a reunirse en recinto.
Esa jugada fue la culminación de una estrategia que se diseñó en el despacho de Victoria Villarruel y puso en marcha Ezequiel Atauche un día antes, en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social. Tal como informó LPO, la maniobra sirvió para frenar el impulso con el que llegaba el peronismo a la Cámara Alta para sancionar el expediente que traía el respaldo de dos tercios en Diputados.
Un radical de diálogo fluido con el Poder Ejecutivo le dijo a LPO que «la idea es que quede lo fundamental, que es lo del 8 por ciento de aumento y la canasta básica para jubilación mínima». La referencia alude al aumento por única vez desde abril pasado para empatar la pérdida por la inflación de enero y a la cláusula de que el ingreso de un jubilado no podía quedar por debajo del valor de una canasta básica total de adulto, multiplicada por 1,09.
El mismo legislador sostuvo que «el gobierno quiere modificar o eventualmente vetar el pago a las cajas provinciales y el incremento por RIPTE cuando la economía crece». Es que el proyecto aprobado en Diputados fijaba, por un lado, un aumento del 50 por ciento de la variación anual de los salarios por sobre la variación del IPC, cuando la diferencia fuera positiva. Y por otro, imponía seis meses de plazo para cancelar las deudas previsionales con las cajas provinciales no transferidas.
A pesar del veto parcial que Milei aplicaría, la UCR observa el escenario con moderado orgullo. «Quedaría el núcleo de lo que peleamos», enfatizó el radical.
Si se concretara ese acuerdo, Milei resignaría indefectiblemente su credo en el resultado fiscal. Por más que utilice el veto parcial, una figura incorporada a la Constitución con la reforma del 94′, terminaría concediendo los 8 puntos que su decreto retaceó contra los reclamos de los que acusó de «degenerados fiscales».
Como sea, el peronismo se allanaría a la ley posible, el radicalismo no eludiría el veto y el oficialismo sacrificaría una parte de su relato.
