Crece el conflicto por la deuda con las generadoras eléctricas y amenaza el superávit que defiende el Gobierno

La tensión entre el Gobierno y las empresas de energía escaló este miércoles, con la decisión oficial de cancelar con bonos las deudas pendientes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hacia las firmas del sector. Los acreedores de estos pasivos, que superan los US$1200 millones, son las generadoras de electricidad y las gasíferas que las abastecen.

La propuesta oficial, que fue rechazada por las compañías energéticas, es pagarles lo adeudado en diciembre y enero mediante un bono a 2038 y, si acceden a eso, darles el efectivo por las deudas de febrero. De aceptar, las generadoras tendrían una quita de más del 50% sobre lo adeudado. “Ya ha pasado que los pagos de Cammesa se demoraran en otros momentos, aunque no recuerdo algo de esta magnitud en los últimos ocho años. Tampoco una quita tan profunda”, recordó Nicolás Arceo, de la consultora Economía y energía.

“La quita de la deuda es un golpe a la línea de flotación de las generadoras porque afecta la sostenibilidad financiera de corto plazo para hacer frente a las tareas de operación y mantenimiento de las centrales. En la práctica, es un quiebre de contratos y eso tiene implicancias desfavorables para el sector”, analizó el economista especializado en energía, Julián Rojo.

Deuda y superávit

En el mercado eléctrico argentino, Cammesa establece los precios mayoristas y debe abonarle a las generadoras. El dinero que les envía proviene de lo que pagan los usuarios finales por las facturas y, como los subsidios todavía no fueron eliminados completamente, también recibe aportes del Tesoro.

“En marzo, por ejemplo, el costo de generación por megawatt, fue de US$59, pero la demanda pagó US$37. Esa diferencia, se cubre con aportes del Tesoro”, indicó Arceo. Desde el cambio de Gobierno, esos aportes no llegaron y explicaron buena parte del superávit financiero de 0,2% del PBI que la nueva administración pudo mostrar en el primer trimestre.

Al momento de presentar ese resultado en cadena nacional, el presidente Javier Milei no hizo referencia a las deudas energéticas acumuladas. Por el contrario, definió: “El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad de la Argentina”.

Sin embargo, una de las bases de ese resultado positivo fue la deuda energética. “Está claro que la acumulación de semejante deuda flotante con las generadoras es un factor transitorio y no exento de costos”, señaló un informe de la consultora Outlier. “Estamos hablando de montos que equivalen a todo el resultado financiero del primer trimestre y a poco más de un tercio del resultado primario. De ahí la importancia de la cuestión”, resaltó.

Cómo sigue la negociación

Mientras las empresas esperan que una señal del Gobierno para negociar y no descartan recurrir a la vía judicial, lo cierto es que la brecha entre el precio de la energía y lo que pagan los usuarios seguirán existiendo. “Va a haber una diferencia entre lo que paga la demanda y el costo durante el resto del año. Con los aumentos eléctricos que dio el Gobierno no se pueden eliminar los subsidios a Cammesa”, indicó Arceo.

Esa situación podría repercutir en las cuentas públicas. “Creo que el resultado fiscal de los próximos meses se podría ver afectado porque va a tener que absorber el parcial congelamiento de precios energéticos desde el 1° de mayo (más subsidios) sumado a la acumulación de deuda, si es que hay, en el periodo”, dijo Rojo.

En una nota dirigida a las autoridades nacionales, las generadoras aseguraron que, por las deudas del Gobierno, tuvieron que suspender tareas de mantenimiento y diferir el pago de costos operativos. Sin embargo, para Rojo no habrá impacto en el usuario final en el corto plazo.

No obstante, consideró que puede llegar a ser un problema para el invierno y, además, en coincidencia con lo que plantearon las empresas, sostuvo: “Esto aporta un poco más al descalabro de la economía energética en su conjunto. Afecta a la oferta, su seguridad jurídica y a inversiones futuras”.