El presidente Gabriel Boric pidió “un refuerzo adicional” a las Fuerzas Armadas para “copar zonas de riesgo” en el sur de Chile, en especial el área donde el sábado fueron asesinados tres carabineros. Lo anunció este lunes la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo.
La portavoz dijo que el ejecutivo dispuso “herramientas jurídicas” para “condenar con las máximas penas a los delincuentes de este brutal crimen”.
“Estamos hablando de cadena perpetua calificada. No dudamos en usar las armas y herramientas más eficaces para que haya justicia y no haya impunidad”, dijo.
Cómo fue el ataque contra los tres carabineros
Hasta ahora, ningún grupo reivindicó el ataque en que fueron asesinados a balazos tres carabineros. Sus cuerpos fueron después quemados, en el peor ataque de este tipo contra miembros de esa fuerza desde 1990.
En la zona son habituales los atentados incendiarios contra empresa forestales atribuidos a grupos mapuches.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/HHN6YW3AKBFSXNVLIP5YVP46U4.jpg)
“Necesitamos endurecer las medidas. Para ello no solo basta el accionar unido de los distintos poderes del Estado en la zona, sino actualizar nuestra legislación, como la ley de inteligencia, contar con un Ministerio de Seguridad Pública con dedicación exclusiva; necesitamos nueva regla de uso de la fuerza y una nueva ley antiterrorista”, puntualizó Vallejo.
El domingo, el Gobierno anunció la presentación de una querella criminal contra todos quienes resulten responsables del triple crimen, contemplando los delitos de homicidio contra Carabineros, violación de la Ley de Armas y por pertenencia a una organización criminal.
El ataque contra los tres funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital, en la región del Biobío, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro.
Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son, desde hace décadas, escenario de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022, las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.
En la zona hubo también en los dos últimos años un importante crecimiento del crimen organizado y de la presencia de Compañías Militares Privadas de Seguridad, que han complicado la situación de seguridad y el propio conflicto.
