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El día después de la masiva marcha: las universidades no descartan ir a la Justicia si no se envían los fondos

El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria dejó en agenda la emergencia presupuestaria que atraviesan las casa de altos estudios en todo el país. Las universidades públicas advierten que si no hay presupuesto, podrían ir a la Justicia. En tanto, el Gobierno confirmó que enviarán los fondos – los cuales están puestos en duda por las autoridades universitarias – y advirtieron que auditarán los gastos.

En diálogo con C5N, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, explicó que «si la cartera ejecutiva, como la legislativa no dan respuestas» realizarán un reclamo vía judicial, aunque «esperan no llegar a esa instancia». También pidió a las autoridades que cambien de actitud, se conviertan en un espacio de diálogo y que «las soluciones se encuentren en conjunto».

Ante la crisis presupuestaria que afecta todas las universidades nacionales del país, el Gobierno de Javier Milei anunció únicamente un aumento de fondos de un 70% en marzo y habrá otro de igual proporción en mayo. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) explicaron que es insuficiente. «Los supuestos incrementos, que no son incrementos, que son actualizaciones parciales», expresó Greco.

Por lo que explicó que el 70% de incremento para gasto representa apenas un 3% del presupuesto. Pero remarcó que en particular el problema es que el Gobierno no plantea una conversación, acuerdo o plan para «ver cómo a lo largo del año podemos tener las actualizaciones que permitan que sigamos funcionando».

Tras el anuncio del presidente Javier Milei, el rector de la UNSAM puso reparos sobre las palabras del mandatario y aseveró: «Deberíamos evaluar a qué se refiere con ‘garantizar los fondos’ primero a cuáles fondos y qué cantidad de fondos. Deberemos como siempre reunir con el órgano de aplicación, la subsecretaría de educación y ver cómo se traduce esa decisión.

En referencia a la advertencia de “vamos a auditar”; Greco replicó: «Yo diría que es una expresión de deseo porque las universidades son auditadas según lo que establece la ley. Si el Ejecutivo quiere auditar deberá legislar al respecto».

Ante la emergencia presupuestaria, que pone en riesgo la continuidad del cuatrimestre, el pago de sueldos a docentes, y el pago de servicios, entre otros, el rector de la USAM remarcó que «es una responsabilidad constitucional que las universidades tengan un presupuesto».

En cuanto a la reunión del próximo 30 de abril que convocó el Gobierno a las universidades, Greco aclaró que si se ratifica y en realidad se hace, volverán a plantear el estado de situación y las opciones o alternativas para poder seguir funcionando. Pero siempre teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el país, la sociedad y buscando una situación «planteando cuáles son las condiciones mínimas de funcionamiento».

Una marcha histórica en defensa de la educación pública

Más de un millón de personas se congregaron en las ciudades más importantes del todo el país. Estudiantes, docentes, no docentes, familias atravesadas por la universidad pública salieron hablar, dar su testimonio y defender un derecho.

«Esperábamos una marcha muy grande superó nuestras expectativas«, expresó Ana Arias para C5N, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, señaló que el pueblo argentino apoyó el reclamo y la idea de defensa a la educación pública en todos sus matices, y que esto genere un «escenario con más posibilidades de revertir». Arías calificó como «lamentable» la falta de quórum en Diputados para la sesión especial de Unión por la Patria, para tratar el presupuesto universitario, ya que «muestra los límites del reclamo, después de una movilización tan masiva«.

Asimismo, la decana coincidió con lo que dijo Greco e insistió que «las universidades están auditadas y está perfecto que se auditen, en eso no hay ningún problema, ya hay mecanismos si duda no lo puede hacer el Ejecutivo, pero hay distintos mecanismos institucionales para garantizar las auditorias, eso no es el obstáculo». Además, marcó la poca información que existe sobre el anuncio del Gobierno: «No está claro cuál va a ser el monto que van a tener las universidades, si esto se va a poder llegar actualizar lo que perdió por inflación los presupuestos previamente asignados».

Por otra parte, Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, también coincidió en su apreciación a la movilización del 23 de abril: «Una marcha masiva, contundente. No recuerdo una movilización de estas características lo que marca que hay una decisión de la sociedad de sostener la universidad pública, el sistema de ciencia y tecnología».

Para Durán, el Gobierno de Javier Milei debería realizar alguna acción concreta ya que «la pelota está en el campo del Gobierno, entender que la consecuencia de esto es acomodar los números de las universidades». Pero además, añadió que si no se responde al reclamo en su totalidad «no es que nosotros vamos a decidir cerrar las universidades, el Gobierno va a decidir cerrar las universidades, si no recompone la cuestión de funcionamiento y salarial. En ese sentido tienen que empezar actuar».

Por último, Esther Sanchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, expresó que «el 90% corresponde a salarios que también pedimos diálogo, pedimos acercamiento, pedimos que en las paritarias se puedan plantear las necesidades de nuestros trabajadores y que realmente tengan salarios dignos, ya que perdieron más del 50% de su poder adquisitivo en el último tiempo, pero digo, además de eso el 10% restante del presupuesto es lo que nos queda para financiar el funcionamiento de las universidades».

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