La demanda de alimentos crece sin parar e ingresa en una fase crítica en los municipios del Conurbano bonaerense, donde varios intendentes dieron a conocer números alarmantes.
En Florencio Varela, Andrés Watson sostuvo que, «desde que asumió el presidente Javier Milei, subió 129% la demanda alimentaria» en su distrito y aseguró que «el panorama es desolador».
También, acusó que el PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad dejaron de entregar pañales y medicamentos, y que además suspendieron la distribución de insumos como sillas de ruedas, muletas y camas ortopédicas.
En paralelo a las denuncias por el incremento exponencial en la demanda alimentaria y el retiro de la ayuda de Nación, algunos intendentes activaron la estrategia judicial para que el gobierno de Javier Milei abastezca a comedores y merenderos de sus distritos.
Tal es el caso de Ituzaingó, donde el intendente Pablo Descalzo adelantó que presentará un amparo judicial para que el Estado nacional restablezca los giros de alimentos a comedores y merenderos. «El ajuste ya se torna criminal», acusó Descalzó.
En San Martín, Fernando Moreira detalló que la demanda alimentaria en su distrito subió un 35% y alcanza a más de 20.000 personas.
«Es incomprensible e inadmisible la medida nacional de recortar la ayuda a los comedores barriales», dijo Moreira que agregó que, a pesar tener mayor demanda y menos recursos, en la comuna reforzará el dispositivo alimentario.
En La Matanza, el municipio al mando de Fernando Espinoza focalizó en el impacto de la crisis económica sobre la tercera edad. Así, describieron que, entre diciembre y enero, la demanda de alimentos en la franja etaria de más de 60 años aumentó un 25%, por lo que la comuna pasó de asistir 12 mil adultos mayores a 15 mil.
En Almirante Brown, Mariano Cascallares denunció que la Nación cortó el envío de alimentos a comedores e instituciones en un contexto en el que la demanda aumentó en su distrito un 50%.
En Merlo, Gustavo Menéndez dijo que «la demanda en alimentos es similar a la de pandemia». En ese municipio detallaron que, durante 2023, se dio cobertura a 14.124 beneficiarios, repartiendo más de 120.000 bolsones de alimentos. En los primeros tres meses de Milei, la comuna registró un 20% más de solicitudes.
En Avellaneda, Jorge Ferraresi dijo que «el retiro del Estado nacional empieza a notarse en nuestros barrios», ya que los comedores dejaron de recibir alimentos «y el municipio tiene que sostener esa situación de vulnerabilidad».
La problemática fue uno de los ejes centrales de los discursos de apertura de sesiones en los Concejos Deliberantes de los municipios comandados por el peronismo.
Ya en enero, LPO contó que nueve intendentes del Conurbano le trazaron al gobernador Axel Kicillof un diagnóstico durísimo respecto de la situación social que se empieza a vivir en los territorios, con un fuerte crecimiento de la demanda de comida para comedores populares.
Ese panorama también lo están alertando en las diócesis del Gran Buenos Aires, algunas de las cuales ya advierten que se triplicó la cantidad de personas que asiste a las parroquias en busca de comida, como sucede en la Diócesis de Morón, que abarca a los municipios del Oeste del Conurbano.
