La Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa anuló las resoluciones a través de las cuáles se otorgaron más de 600 hectáreas de tierras fiscales en el Departamento Güemes a un productor agropecuario chaqueño que, inmediatamente, las vendió ilegalmente a la empresa bonaerense Conexa SA. Fue al hacer lugar a una acción de lesividad declarada en 2009 por el entonces interventor del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.
El fallo, que difunde como adelanto LITIGIO, fue dictado a finales del mes de febrero y lleva las firmas de las juezas Natalia Prato Stoffel y Geraldine Varas. Además de anular las adjudicaciones, las magistradas formularon una serie de consideraciones con el objetivo de transparentar los mecanismos de adjudicación de tierras públicas en la provincia del Chaco. En primer lugar, llevar adelante un relevamiento de las tierras públicas existentes e informar a la ciudadanía; instrumentar mecanismos que permitan la participación ciudadana a través de audiencias públicas en futuros concursos de selección para la adjudicación de tierras públicas y, por último, comunicar al Poder Legislativo sobre estos asuntos.
Historia de un negociado que terminó con funcionarios públicos condenados
Como interventor del Instituto de Colonización durante el primer mandato del gobernador Jorge Capitanich, Esteban Branco Capitanich, creó una comisión revisora de todas las resoluciones de ése organismo ante las múltiples denuncias por negociados inmobiliarios con tierras públicas durante los gobiernos radicales de Angel Rozas y Roy Nikisch que se habían acumulado durante los años previos, motorizadas por distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales e integrantes del Foro por la Tierra.
De hecho, tras una denuncia del por entonces diputado provincial por el Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, en un juicio abreviado los vocales del Instituto de Colonización Héctor Rubén Puebla y José Pedro Moreno, reconocieron haber cometido los delitos de corrupción en el manejo de las tierras fiscales. En 2010, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por los delitos de administración fraudulenta o “infiel”, agravada por ser en perjuicio de la administración pública, como delito continuado; mientras que el delegado en Taco Pozo, Héctor Kaluk, también fue condenado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haber gestionado personalmente la venta ilegal de las tierras adjudicadas.
Además, en aquella sentencia de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, que por entonces encabezaba el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Del Río, se declaró la invalidez de todas las resoluciones de adjudicaciones de tierras que violaban la ley provincial. Se calcula que más de 700 fueron firmadas el mismo día: 25 de septiembre de 2002, durante la gestión de Angel Rozas.
El fallo, donde se comprobó las responsabilidades de los funcionarios de Colonización, fue remitido al Poder Ejecutivo para que avance con distintas medidas que pudiesen recuperar para el patrimonio público esas tierras vendidas ilegalmente.
Ya durante el gobierno de Capitanich, a partir de los dictámenes de la Comisión Revisora, se impulsaron diversas acciones judiciales de lesividad para lograr anular las resoluciones que violaban la ley provincial de Tierras Fiscales, como la que tuvo una contundente sentencia a finales de febrero pasado.
El caso Ybarra
El caso puntual que llegó a los estados judiciales involucra la adjudicación de más de 600 hectáreas de un campo ubicado en el Departamento Güemes. El “propietario” logró que le otorguen su título el 16 de diciembre de 2004 y el 21 de marzo de 2005 lo vendió a la empresa bonaerense Conexa SA, que a su vez la transfirió a la firma Palo Mataco SA en junio de 2017. El adjudicado en cuestión, Ariel Ybarra, estaba imposibilitado por ley de vender las tierras por un plazo de diez años.
En rigor, la verdadera fecha de venta fue en el año 2003, cuando aún Ybarra no contaba con el título y debió solicitar autorización para transferir sus derechos. Como dato curioso, tenemos que el 10 de diciembre de 2019 Ybarra fue nombrado por Jorge Capitanich como presidente del Instituto de Turismo del Chaco y se desempeñó en ese cargo hasta el 10 de diciembre de 2023.
El impulsor de la Comisión Revisora en el Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, falleció en noviembre de 2019 y nunca consiguió que la Cámara de Diputados del Chaco apruebe su pliego como presidente de ése organismo, a partir de una estrategia conjunta de legisladores del radicalismo, que no le perdonaron la revisión administrativa de los hechos de corrupción cometidos en Colonización durante los gobiernos radicales, y también de sectores del peronismo alineados con el exintendente de Resistencia, Gustavo Martínez, incluyendo al diputado que denunció originalmente el negociado con las tierras públicas.
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