El documento, al que tuvo acceso Télam, indica que este nuevo protocolo para la atención de personas en situación de calle con problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas busca «fortalecer los canales de atención y coordinación entre las áreas necesarias para abordar las problemáticas y garantizar un acceso efectivo prioritario a los dispositivos de atención».
El protocolo implica estandarizar procedimientos de actuación conjunta entre todas las áreas intervinientes; los ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud y Seguridad y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cómo es el protocolo
El Gobierno porteño puede tomar conocimiento de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a través de los canales telefónicos (107, 108, 147 ó 911) o por contacto directo, mediante los equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP) o el personal de la Policía de la Ciudad.
En cualquiera de esos casos, y si la persona presenta indicios de estar cursando un cuadro de padecimiento de salud mental o de consumo problemático, se dará inmediata intervención a la unidad de emergencia en Salud Mental del SAME.
Los móviles están a cargo de emergentólogos capacitados para contener rápidamente a los pacientes en crisis; estas unidades de traslado están completamente acolchadas por dentro y sin elementos punzantes para que el paciente no pueda lastimarse a sí mismo o a otros, indica el protocolo.
De considerarlo correspondiente, el equipo del SAME trasladará a la persona a un Hospital General de Agudos para la evaluación pertinente por parte del equipo interdisciplinario de salud mental, que le brindará al paciente información «en términos claros acerca de su estado de salud, los tratamientos que se propongan, las alternativas terapéuticas y las posibles consecuencias de no tratarse».
Asimismo, el equipo interdisciplinario podrá disponer la internación del paciente en tanto se determine la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros, en un plazo que se puede extender hasta 72 horas posteriores al ingreso. Esta finalizará al momento que se confirme el cese del riesgo.
Si la persona abordada tuviera a cargo o fuera un menor de edad, siempre se dará a conocimiento al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y este deberá proceder de acuerdo a su protocolo, según lo indica la normativa vigente.
El Gobierno porteño sostiene en el documento que «hará uso de los recursos de los que dispone para evaluar cada caso, identificar la gravedad del trastorno que sufre la persona, su vulnerabilidad y el riesgo que pudiera significar tanto para sí mismo como para otros y garantizar el acceso prioritario de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional a los programas de las reparticiones con competencia en materia de salud mental o consumo problemáticos de sustancias psicoactivas».
En un video publicado en sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la medida y sostuvo que «está clarísimo que la actual Ley de Salud Mental no sirve, no podemos cambiarla desde la Legislatura, pero podemos trabajar para mitigar sus efectos negativos; por eso desarrollamos y estamos implementando un protocolo específico».
«El objetivo es que nuestros equipos de la Ciudad puedan actuar y ayudar a personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias; hasta ahora cuando había una situación de estas características se miraba para otro lado», apuntó.
Macri sostuvo que «este protocolo indica quiénes y cómo deben actuar, en primera instancia nos permite identificar a una persona para ver si la está buscando alguien de su familia o no, cosa que antes no se hacía; después de acuerdo a cada situación el SAME, la dirección de Atención Inmediata o la Policía se acercan a la persona para ver si es necesaria la derivación al hospital general de agudos donde un equipo interdisciplinario de salud mental hace una evaluación más profunda».
«Si consideran que la persona representa un riesgo para sí mismo o para terceros se lo interna aunque no preste su consentimiento, si no presenta riesgo se le hace un seguimiento que es algo que antes no se hacía», subrayó.
«Estamos trabajando mucho con profesionales de la salud y familias de personas con problemas de consumo; el artículo 20 de la Ley de Salud Mental no funciona, la lógica de que una persona con estos problemas va a levantar la mano y pedir ayuda no sucede», completó el funcionario.
