El Tribunal Superior desestimó un recurso presentado por el príncipe, quien había argumentado que la decisión de alterar su seguridad personal, previamente financiada por los contribuyentes, se realizó de manera «ilegal e injusta».
El litigio se centró en la decisión de 2020 del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) de rebajar la protección de Harry tras su decisión de apartarse de las funciones de la realeza, cuando decidió mudarse a Estados Unidos junto a su esposa la actriz Meghan Markle.
Los representantes legales del príncipe sostuvieron que se lo había discriminado y que no se había llevado a cabo un análisis de riesgo adecuado, subrayando el peligro que representaría un «ataque exitoso» contra su persona.
A pesar de estos argumentos, el Gobierno había señalado que la seguridad de los miembros de la familia real se evalúa individualmente, insinuando que el cambio en el estatus de Harry como miembro no activo de la realeza fue un factor determinante en su decisión.
En su fallo, el tribunal determinó que la decisión de disminuir el nivel de seguridad asignado al príncipe no violaba ninguna ley y estaba debidamente fundamentada dentro de las normativas vigentes.
Se evaluó que los cambios en su estatus de seguridad se hicieron siguiendo un razonamiento lógico y sin desvíos procedimentales inapropiados.
El año pasado Harry, también buscó la aprobación judicial para financiar su propia seguridad durante las visitas al Reino Unido, sin éxito.
