El primer tema que abordará la comisión será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.
El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.
En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan «los dichos de los últimos días del presidente sobre los miembros del Congreso», dijeron fuentes del sector.
La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.
Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).
De todos modos, la primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo, ya que el oficialismo quiere tratar primero los DNU del anterior Gobierno del Frente de Todos (FdT), mientras que UxP buscará acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023 de la actual administración.
Menem cuestionó a los bloques que ahora «tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019».
En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión «va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha».
La Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados.
De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.
Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cuando, en declaraciones radiales dijo que «en este momento, tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo».
«Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto», opinó el formoseño quien, hasta ahora, no logró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, pusiera fecha y hora a los pedidos de sesión especial planteados por el peronismo.
La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.
Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.
Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción tácita».
«El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia», establece uno de los artículos de la ley 26.122.
Otro punto que formará parte del debate será la propuesta de la UCR, que quiere hacer una interpretación de la ley y que se puedan aprobar algunos artículos y otros no, porque considera que se están reformando o anulando muchas leyes y trata múltiples temas.
Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad ya que la ley 26.122 reformada en 2006 dice que las cámaras «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
En ese sentido, la diputada Gaillard aclaró que, a su entender «la comisión declara la validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU» porque «la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo».
«Desde la UCR en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. Están buscando algún resquicio para decir ‘bueno, en realidad en partes estamos de acuerdo, en otras no’. Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido», remarcó.
Para la entrerriana, «lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de las cosas que ellos sí están de acuerdo».
En tanto, Gutiérrez dijo que el DNU de Milei «es inconstitucional a todas luces».
«Las dilaciones para darle tratamiento no se deben a nuestras ganas o necesidad inmediata, sino que ha sido escondido porque actualmente está vigente, es decir, mientras no sea declarado inválido genera efectos», afirmó.
El legislador explicó por Radio Provincia (de Buenos Aires) que el Congreso puede «validar o rechazar el todo. No sé pueden agregar partes no dividirlo. Algunos compañeros radicales van a plantear que se puede dividirlo, pero eso la ley no lo permite».
«El primer avión que quiso aterrizar Milei fue la Ley Ómnibus y tuvo que volverlo al aeropuerto porque no tuvo los acuerdos. Veremos qué opinan nuestros compañeros de los movimientos sociales y populares. El Presidente es un anarquista, no considera que el Estado sea algo bueno», amplió.
