El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, realizó una presentación formal ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, para que se investiguen presuntas irregularidades en la constitución de la Fundación «Resistencia, Ciudad Solidaria», creada por la anterior gestión comunal, a cargo de Gustavo Martínez.
En ese marco, la denuncia alcanza también a presuntas irregularidades por parte del Ejecutivo Municipal anterior, que transfirió 156 millones de pesos a esta entidad para la ejecución de un supuesto programa social que llevó a cabo en noviembre del 2023, mes en que se llevaron a cabo las elecciones a intendente.
En la presentación, la actual administración municipal indicó que «se carece de informes sobre sus resultados y los métodos de ejecución empleados, sólo se ha dejado constancia de una nómina de beneficiarios, muchos de ellos incluso contratados del municipio y hoy en día personal de planta permanente».
En tal sentido, la secretaria Legal y Técnica, Natalia Acevedo, sostuvo: «Continuamos con el proceso de revisión de actos administrativos, cumpliendo con el compromiso asumido por el intendente para con los vecinos de Resistencia, por lo que estamos haciendo una presentación por la detección de irregularidades en el funcionamiento de los programas desarrollados por ésta fundación».
Entre las irregularidades detectadas se encuentra la constitución misma de la fundación «Resistencia, ciudad solidaria». «De los informes elaborados por los fundadores, se desprende que nunca se hicieron los aportes iniciales para constituir la fundación», señaló.
Además, la representante del Municipio pidió investigar el desarrollo de los programas y las transferencias de fondos públicos a esta entidad.»No estaba inscripta como proveedora del Estado municipal, ni hacía verdaderas rendiciones de cuenta», agregó.
En tal sentido, Acevedo indicó que «hubo más de 3.000 voluntarios para un estudio socio económico en distintos barrios, se hizo en noviembre y hubo pagos en esa fecha pero hasta ahora no hubo rendiciones y ni siquiera el resultado del trabajo social».
Por su parte, el subsecretario de Administración General, Alejandro Aloatti, señaló que «3.831 personas cobraron 40 mil pesos cada una, algunas en mano, sin comprobantes, no hay órdenes de pago ni certificados de la prestación de servicios que hacían».
