El macrismo fue la época de oro del lawfare. Me tocó seguir de cerca el caso Lavado I: el proceso contra Horacio Rey, acusado por el fiscal federal Patricio Sabadini de encabezar una organización criminal.
Curiosamente, el propio Rey había formado parte de las reuniones organizadas por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para entrenar a los grupos de tareas que tenían que hacer inteligencia y encarcelar a los corruptos. Rey nunca imaginó que sería el primero en caer.
Más allá del caótico resultado de las causas, con esos juicios se hicieron evidentes los intereses en juego, transversales a los distintos niveles de gobierno, a los distintos poderes del Estado, a los distintos fueros dentro de la Justicia, a las disputas corporativas y hasta a las lealtades entre amigos (No es joda: en esa época se filtró un audio del Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, en el que tranquilizaba a un compinche involucrado en una causa: “No vas a ir preso”).
Varios años después, el caso Cecilia volvió a poner en sobre la mesa los intereses creados en torno a las causas de alto impacto mediático y político en la provincia. Fue allí donde emergió la figura del abogado Juan Arregín, al sumarse a la querella en junio de 2023, aunque poco tiempo después Gloria Romero, la madre de Cecilia, lo acusó de estar celoso de Fernando Burlando y Arregín, herido en el orgullo, renunció.
Cecilia Strzyzowski. El fiscal de Cámara Jorge Gómez. Y el «clan Sena», presuntos asesinos de la joven de 28 años, hecho registrado el 2 de junio.
La filtración de un chat que pertenecería a Arregín en el que se enumera lo que parecen ser acuerdos entre él y el ministro para armar causas contra adversarios políticos del gobierno de Leandro Zdero no sólo confirma la promiscuidad interpoderes de la casta que durante el caso Cecilia operó para desestabilizar el gobierno de Jorge Capitanich, sino que expone un hecho que, de confirmarse, sería de extrema gravedad institucional y golpearía de lleno bajo la línea de flotación de la flamante gestión, que hasta el momento sólo se dedicó a promover montajes mediáticos y denuncias penales contra dirigentes sociales y políticos de la oposición.
La respuesta del ahora asesor jurídico Juan Arregín a la pregunta de Gustavo Olivello por el chat filtrado fue, cuanto menos, imprudente. Se hizo el canchero y dejó más dudas que certezas: “Me hackearon el teléfono celular que tenía, hasta me cambiaron la clave de la cuenta de facebook”, arguyó. Eso sí, recién ahora va a hacer la denuncia.
El diálogo telefónico siguió así:
-Estoy comunicándome con Cibercrimen, -dijo Arregín un poco desencajado-. Voy a hacer una denuncia federal, voy a ir tras el rastro de estos vivos. Usan el mismo sistema que usaron durante 16 años (?). Quieren jugar, me encanta jugar: vivo del derecho penal. No sé si lo hizo Capitanich o los ‘papistas’, porque siempre hay más papistas que el Papa.
Pero Olivello había visto la captura del Whatsapp “LibreAsociacióndeAbogados” en el que Arregín habría cometido el sincericidio para demostrar que no era un simple ñoqui de Zdero. Igual que cuando renunció al patrocinio de la familia de Cecilia, lo pudo el orgullo:
-¿No se equivocó y mandó el chat a un grupo de abogados?, insistió el expolicía.
-No, la verdad que no. Y menos enviaría una comunicación privada. Yo tengo un compromiso de confidencialidad, -se defendió.
-¿Corresponde un pedido de juicio político contra el ministro Pato Gómez?, -replicó Olivello.
-No, porque son difusiones de conversaciones privadas amparadas por el Artículo 19 de la Constitución.
¿En qué quedamos? ¿Es una conversación privada que existió y está amparada por la Constitución, o es un hackeo apócrifo que merece ser difundido y judicializado, a fin de limpiar el buen nombre y honor de Arregín?
Lo único que podemos asegurar sin lugar a equívocos es que el abogado Juan Arregín es el primero, el más grande, picoso, palpitante y pustulento grano en el culo que le salió a Leandro Zdero en toda su carrera política.
elclandestino
