Maldita coparticipación

Cuando el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Osvaldo Giordano, al frente de la Anses, y a Flavia Royón, a la Secretaría de Energía, uno por Córdoba y otro por Salta, el argumento que utilizó es que tenía adentro al enemigo porque le habían votado en contra la Ley Bases.

En otras palabras, no los despidió porque hicieron mal su trabajo en los cargos que ocupaban, sino porque los diputados de sus respectivas provincias no votaron a favor de determinados artículos de la Ley Ómnibus.

Más allá de si ese artículo era conveniente o no para la política económica, el mismo Milei terminó confesando que dio esos cargos a cambio de votos, lo cual es típico de la vieja política que dice venir a combatir.

Pero al no salir las reformas y desregulaciones que el Presidente buscaba se produjo un enfrentamiento con todos o casi todos los gobernadores a propósito de los recursos que la Nación tiene que girarle a las provincias, recursos que no son de la coparticipación pero que son un parche a la coparticipación y de la ensalada de transferencias que surgen de la forma de financiar los gastos provinciales y de la Nación.

Cabe recordar que en la sabia Constitución Nacional de 1853 no existía la coparticipación federal de impuestos y cada provincia se financiaba con recursos propios, en tanto la Nación se financiaba con los recursos que establecía el artículo 4 de la Constitución de 1853 que decía: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de los derechos de importación y exportación de las aduanas, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General; y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional”.

Hasta 1890 el sistema tributario argentino era claramente federalista. También cabe recordar que hasta 1950 había 14 provincias y 9 territorios nacionales que eran: Chaco, La Pampa, Misiones, Formosa, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, y Chubut. Tierra del Fuego fue transformada en provincia en 1990.

El artículo 4 de la Constitución de 1853 decía: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional»

¿Cómo se financiaban las provincias? Con impuestos provenientes sobre la propiedad y sobre consumos.

Dejando de lado por un momento cómo se llegó a la coparticipación federal y el embrollo de otros aportes de la nación a las provincias, veamos un dato relevante sobre cómo se financian actualmente las provincias.

En base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en 2022, del total de los ingresos tributarios que recibieron las provincias, ya sea por coparticipación federal y por impuestos provinciales, los ingresos tributarios por impuestos provinciales fueron mínimos, salvo CABA, a la que incluso Alberto Fernández le quitó parte de la coparticipación para dársela a la provincia de Buenos Aires para financiar aumentos para la policía provincial, aumento que lejos estuvo de traducirse en una mejora de la seguridad en la provincia que gobierna Kicillof.

Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

Como puede verse en el gráfico, el gobernador de Formosa no hace muchos esfuerzos por cobrar impuestos provinciales, porque vive de la coparticipación federal, ya que, del total de la masa tributaria de la provincia, solo 6,91% provienen de impuestos provinciales.

El líol de la coparticipación se complica con la crisis del 30 porque la Nación comienza a establecer una serie de impuestos en las provincias, obligando a ampliar la coparticipación federal que ya había iniciado en la crisis de 1890.n no le quede al margen, también, para hacer desaguisados fiscales.

El lío de la coparticipación se complica con la crisis de 1930 porque la Nación comienza a establecer una serie de impuestos en las provincias, obligando a ampliar la distribución de los fondos que ya había iniciado en la crisis de 1890, más de 130 años atrás.

En esta etapa que comienza en la década del 30 el sistema de coparticipación federal era devolutivo. Es decir, la Nación hacía una distribución secundaria (de lo que recaudaba cuánto iba a las provincias) sobre la base del aporte que cada jurisdicción generaba en los impuestos recaudados. Cuánto mayor era la producción y población del distrito más le correspondía en el reparto posterior.

Cabe recordar que la distribución primaria es sobre el total de lo que se recauda, cuánto se queda la Nación y cuánto gira automáticamente (goteo diario) a las provincias. Y la secundaria es, del total que va a las provincias, cuánto le corresponde a cada una.

Es en 1973 cuando cambia definitivamente el sistema de coparticipación federal de impuestos. A partir de ese año, la distribución primaria entra la Nación y las provincias deja de ser devolutivo y se transforma en redistributivo, lo que implica que las jurisdicciones más desarrolladas comienzan a subsidiar a las menos avanzadas.

Obviamente, ahora está pendiente desde la Reforma Constitucional de 1994 una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que tenía un plazo límite de 10 años.

El debate no va a ser solo cómo queda la coparticipación primaria, cuánto se queda la Nación y cuánto las provincias, sino que el debate más duro va a ser la distribución secundaria: cuánto se queda cada distrito de la masa coparticipable. Ahí se van a “matar” para ver cuánto le saca cada uno al otro.

El sistema de coparticipación es claramente perverso y se hizo más perverso con todos los parches que se le agregaron cuando en los 90 se le transfirieron gastos a las provincias y los recursos correspondientes, más otros “acuerdos” en la relación fiscal entre la Nación y los gobernadores.

Tan perverso es que el presidente Carlos Menem controlaba a las provincias con los famosos ATN (Adelantos de la Tesorería de la Nación).

Lo mismo hacían Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, e igual se acaba de comportar el presidente Milei castigando a las provincias cuyos legisladores no le votan sus proyectos de ley.

Cambiar este delirio implica eliminar la coparticipación federal y volver a los principios de 1853/60, pero hoy es muy riesgoso.

Lo mejor que puede pasar es eliminar todos los parches posibles y limitarse a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos vigente hasta tanto, algún día, la dirigencia política se ponga seria y debata la reforma pendiente de 1994, cuyo principio vuelva a ser devolutivo o, en un caso de milagro, se elimine la coparticipación.