El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública» pero la absolvió del delito de asociación ilícita.
Precisamente para ese lunes está previsto que comience la exposición del fiscal ante Casación Mario Villar, quien mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF2 Diego Luciani y reclamará revocar absoluciones y condenar por asociación ilícita.
Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Por su parte, la defensa de la exmandataria, quien ya no tiene fueros, reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».
El 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dio a conocer la primera condena a la ex Presidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de asociación ilícita: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a la ex senadora nacional, al empresario Lázaro Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso votó por condenar.
Los tres jueces coincidieron en que hubo delito de administración fraudulenta en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas.
Todo ello se cometió con un «fin económico» en «beneficio del empresario y sus socios comerciales», sostuvo el veredicto que ahora revisará Casación y que una vez terminadas las audiencias tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver, aunque este término podría extenderse.
Los condenados son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
También los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Todos recibieron penas de entre 3 y 6 años de prisión por delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública» pero la absolvió del delito de asociación ilícita»
.
Al igual que la ex Presidenta fueron condenados a seis años de prisión Báez como partícipe necesario de la defraudación, Periotti y López.
Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y hubo irregularidades como sobreprecios y falta de controles.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez estaban procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública»
Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, apeladas por la fiscalía.
En el fallo, aún no firme, se ordenó el decomiso de unos 85 mil millones de pesos.
Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
