«Se ha confirmado que los cuatro familiares de la doctora San Miguel ya fueron excarcelados», dijo a la agencia de noticias AFP Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de la activista que aún no ha tenido acceso ella.
Se trata de la hija, dos hermanos y el padre de la hija San Miguel, que recibieron medidas cautelares que consisten en «presentaciones periódicas» en el tribunal que lleva la causa. No están claros los cargos que les imputan.
«Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano», había indicado por su parte Saab en un comunicado publicado en la red social X (ex Twitter).
Saab señaló a sectores «que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela».
Previamente, Saab había informado que el Ministerio Público solicitaría al tribunal contra terrorismo que lleva el caso «privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
San Miguel fue detenida el viernes 9 en la migración del aeropuerto de Maiquetía, en el estado de La Guaira, que sirve a Caracas.
La defensa de San Miguel denunció más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares habían sufrido «desaparición forzada».
La fiscalía también había solicitado la privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la «presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación».
Saab indicó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis «ciudadanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco».
El gobierno describió a «Brazalete blanco» como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Gobierno venezolano suele denunciar planes conspirativos contra Maduro. Solo en 2023 aseveró que neutralizó cinco «conspiraciones», en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
Abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares, San Miguel es además defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más consultadas en Venezuela.
Crítica de los gobiernos de Maduro y del antecesor de este, Hugo Chávez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2012 medidas cautelares de protección a San Miguel y a su hija.
Ya en 2014 San Miguel había sido señalada por el propio Maduro, que buscará en 2024 su tercera reelección, de estar involucrada en «un alzamiento militar».
«Esa impugnación nos parece absurda y sin fundamento», zanjó González Taguaruco.
La reacción del fiscal, de línea chavista, coincide con los pedidos de Estados Unidos y Naciones Unidas para que tanto San Miguel como sus familiares, cuyas detenciones también fueron denunciadas por abogados, sean liberados.
También este martes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que están «profundamente preocupados» por las detenciones.
La Casa Blanca pidió a la administración de Maduro que cumpla con el acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre de 2024 y establecía la liberación de «presos políticos».
La detención de San Miguel y sus familiares «sigue una tendencia preocupante» de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.
En octubre pasado el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo político en Barbados de cara a las presidenciales, tras el cual fueron excarcelados 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos presos por motivos políticos.
A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y quien estuvo detenido en ese país bajo acusaciones de lavado de dinero.
En Venezuela hay 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal.
Para fines de enero sumaban 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- además de 22 órdenes de captura. En tanto, diversas ONG y opositores cuestionan la detención.
