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La CIDH instó al Estado a respetar el «derecho a la protesta pacífica y la labor periodística»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su «profunda preocupación» por los actos de «represión policial» contra manifestantes y periodistas registrados en las inmediaciones del Congreso nacional durante el tratamiento de la ley de «Bases» e instó al estado argentino a «investigar las denuncias» y a «respetar el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la labor periodística».

A través de un comunicado, la CIDH junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), alertaron sobre el registro de «denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil que señalan un uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas» durante las protestas realizadas la semana pasada en Plaza Congreso contra la iniciativa del Gobierno conocida como «Ley Bases».

«Hacemos un llamado al Estado argentino para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes y trabajadores de la prensa, asegurando que quienes deseen protestar pacíficamente puedan hacerlo y que periodistas puedan realizar su labor informativa sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares».

«Hacemos un llamado al Estado argentino para garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes y trabajadores de la prensa, asegurando que quienes deseen protestar pacíficamente puedan hacerlo y que periodistas puedan realizar su labor informativa sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares», solicitó el organismo internacional.

Asimismo, instó al Estado argentino a «investigar las denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza pública registradas y a sancionar a los agentes de seguridad responsables en caso de ser procedente; así como investigar cualquier situación de violencia atribuible a particulares».

También recordó que como «garantes de los derechos fundamentales de las personas», las autoridades públicas de cualquier Estado deben «abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que expongan a periodistas a un mayor riesgo de actos de violencia, que aumenten el contexto de hostilidad e intolerancia hacia su labor».

La CIDH efectuó su recomendación en base a la recepción en las últimas semanas de «denuncias por declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades descalificando la labor de mujeres periodistas, así como en contra de personas manifestantes, congresistas y opositores» en el país.

La Comisión remarcó que la protesta y la manifestación pacífica son «esenciales» en las sociedades democráticas y que el Estado debe «respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».

En esta dirección, el organismo internacional señaló que ante una protesta «el uso de la fuerza es un recurso último y excepcional» que debe limitarse a «circunstancias en las que se acredite la legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del mismo».

«Si se dan actos de violencia, las autoridades no deben actuar de manera indiscriminada, sino individualizar a los responsables y distinguirlos de quienes ejercen su derecho a manifestarse».

«Si se dan actos de violencia, las autoridades no deben actuar de manera indiscriminada, sino individualizar a los responsables y distinguirlos de quienes ejercen su derecho a manifestarse», amplió al respecto.

Por otra parte, destacó el papel de la prensa como «elemento fundamental para mantener informada a la sociedad y evitar abusos de autoridad».

«Cuando se afecta la integridad física de los periodistas que cubren protestas, se violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión -pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento- como su aspecto colectivo pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen», subrayó.

Y completó: «Por ello es deber del Estado otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función, además de investigar cualquier tipo de acto de violencia que atente contra su integridad personal».

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