Mauricio Macri logró ubicar al interventor sdjunto de los medios públicos y tendrá injerencia en el millonario negocio que supone una eventual privatización de la Televisión Pública, la agencia Télam y Radio Nacional.
El elegido por el ex presidente es Diego Marias, un nombre conocido dentro del PRO. Fue diputado porteño y funcionario del Ministerio de Educación durante el gobierno de Macri. También integró el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados de la Capital Federal.
Macri logró así abortar la jugada de Hernán Lombardi, que venía trabajando un acercamiento a Karina Milei para quedarse con los medios públicos, como reveló LPO en exclusiva.
Al frente de la intervención estará Diego Chaher, un abogado de Mendoza que trabaja desde hace casi 20 años en el Grupo América.
Chaher fue director Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink y director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales. Es mendocino y también está vinculado a las áreas legales de UNO Medios. Fue también gerente de Canal 8 de San Juan, del Grupo América.
En esa tarea conoció a Alejandro Spinello, CEO del Grupo América Cuyo, que acaba de quedarse con los contenidos audiovisuales de la Presidencia.
Spinello trabaja desde el año pasado como CEO de los medios del holding de Vila en Mendoza y San Juan, donde logró que aumente de manera considerable su audiencia. Spinello trabajó activamente en la campaña de Javier Milei y fue el responsable de armar el bunker para el día de la elección.
Chaher tiene cierta experiencia en reestructurar empresas y en la normativa de licencias de medios. Cuando Facundo Prado compró Supercanal a Vila y Manzano decidió quedarse con Chaher. Prado fue parte del grupo de empresarios que le armaron a Milei durante la campaña, la contracumbre de Idea.
Tanto en el Grupo América como en el entorno de Prado niegan que hayan influido en su designación. LPO pudo confirmar que el empresario Ignacio Cincunegui fue quien le ofreció el cargo, en nombre del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se quedó con el negocio de la privatización de los medios públicos.
Cincunegui tiene experiencia en medios, trabajó en el grupo Clarín en la empresa Gestión Compartida y en la internacionalización del grupo.
«Nadie quería agarrar y Chahe es un valiente, se mandó», explicó a LPO una fuente al tanto de los pormenores de su incorporación.
Mientras tanto, Juan Cruz Ávila logro designar a Juan Parodi como gerente de programación de Canal 7. Es un premio consuelo para Ávila tras el fracaso del secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, quien había llegado al gobierno a instancias de su gestión.
LPO contó que Javier Milei vació por completo la Secretaría de Serenellini y traspasó la mayoría de las funciones a la órbita de su hermana Karina, al mismo tiempo que le dio la llave a Nicolás Posse para intervenir los medios públicos, en un paso previo para la privatización.
Es que el negocio de la privatización es un eje central en las discusiones dentro del gobierno sobre qué hacer con los medios públicos. En definitiva se trata de un negocio inmobiliario millonario, un área que suele interesar a Macri y su socio Nicky Caputo.
No hay una cifra certera respecto de lo que vale el predio de Canal 7 en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, pero los más entusiastas hablan de 600 millones de dólares e imaginan que se podría armar un distrito de superlujo, al estilo del que se está construyendo en el ex Tiro Federl, solo que con los valores por metro cuadrado más caros de la ciudad, ya que se ubica en pleno Barrio Parque.
En tanto, Radio Nacional cuenta con un enorme predio a uno de los lados de la Panamericana en General Pacheco, cerca de Pilar, donde funciona la planta transmisora. Se trata de la zona conocida como Corredor Norte, una de las más caras. Además, la emisora tiene inmuebles de gran calidad en el centro porteño y en la mayoría de las provincias.
Quienes siguen de cerca el plan del gobierno explican que los medios públicos tienen una planta de unos 3.500 trabajadores. El cálculo es que para que esos medios sean eficientes tiene que quedar unos 600 y que el costo de indemnizar al resto puede rondar los 80 millones de dólares.
Es un costo bajo para el millonario negocio inmobiliario que viene de la mano de la privatización de los medios públicos, pero no es un negocio sencillo. Habrá entramados judiciales, afectaciones específicas en los predios, amparos judiciales y seguramente una fuerte resistencia de los trabajadores.
