Un juez federal entregó a la Fiscalía las ocho órdenes de aprehensión por «delincuencia organizada» contra los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Tras ello, el abogado defensor Alejandro Robledo informó que tres de ellos fueron detenidos y los otros cinco militares se entregaron a las autoridades, justo antes del inicio de una audiencia en el que se iba a tratar su libertad condicional.
Por su parte, el abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, negó haber sido notificado de la detención de los militares.
«Sabemos que es por delito de delincuencia organizada y no por la desaparición forzada, pero de manera oficial no se nos ha notificado nada», explicó en declaraciones citadas por la agencia de noticias Europa Press.
Rosales anunció que esperarán a que avance la investigación para tomar una postura respecto a las detenciones: «Podría ser buena señal, pero vamos a esperar a que nos informen las autoridades».
«Sabemos que es por delito de delincuencia organizada y no por la desaparición forzada, pero de manera oficial no se nos ha notificado nada»Vidulfo Rosales, abogado de las familias
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo.
A esto se suma el informe de la llamada Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.
La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó a mediados de enero revocar la orden de prisión preventiva emitida contra ocho de los trece militares detenidos por la desaparición de los estudiantes al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.
Tras la decisión, la Fiscalía anunció la impugnación de la decisión y mostró su rechazo «tajante» al dictamen de la jueza al «desconocer las resoluciones» y conceder «ventajas indebidas a quienes no lo merecen» a través de una «secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas».
