Se trata de un período de 15 días en el que las autoridades de la empresa contratista y las autoridades de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) deben llegar a un acuerdo que preserve las fuentes de trabajo.
En ese sentido, el secretario de Finanzas de la delegación local de la UOCRA, Mariano De la Riva, sostuvo que la compañía está cobrando los certificados y que está asegurado el dinero para terminar la obra, por lo que el tema está centrado «en las redeterminaciones (de costos) de la empresa, que es el problema que hay casi con la mayoría».
El lunes pasado, la UOCRA denunció el despido de 36 trabajadores, que se sumaron a otros 21 que habían corrido la misma suerte el 5 de enero y en ese momento la empresa adujo que «no llega la plata a la empresa», según declaró el delegado Juan Chávez.
El edificio se encuentra ubicado en calle 9 de julio entre Av. General López y 3 de Febrero, en la misma manzana que los actuales tribunales locales.
Los trabajos fueron adjudicados sobre la base de la licitación pública 19/2021, denominada «Anexo Palacio de Justicia de Santa Fe», que implica la continuación de las obras que albergarán al fuero penal y dependencias auxiliares de la justicia santafesina.
En su momento, el Gobierno de Santa Fe informó que ganaron la licitación las empresas de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Edeca SA, Pedro Minervino SA y Dinale SA, todas de la ciudad de Rosario.
La construcción del edificio tuvo un presupuesto oficial de 3.494 millones de pesos y la UTE ganadora ofertó 3.099 millones, de acuerdo a lo publicado en la página del Poder Judicial de Santa Fe a principios de 2021.
El edificio cuenta con una superficie total cubierta de 22.400 metros cuadrados y con una posibilidad de ampliación en el sexto piso de 2.400 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja, primer a quinto piso.
