«Los magistrados por honestidad, ética y moral deben renunciar y devolverle al país la justicia y su institucionalidad. Los que fueron electos hace seis años con el voto del pueblo, se supone que fueron los mejores abogados, pero hoy están demostrando todo lo contrario», afirmó Morales en su cuenta de la red X (antes Twitter).
En Bolivia se generó una crisis judicial a finales de 2023, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió, mediante una polémica sentencia, la prórroga de mandato de los magistrados del mismo cuerpo, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, hasta que se elija a las nuevas autoridades.
Para Morales «es de muy mala señal que los magistrados del orden judicial insistan en autoproclamarse, violando las leyes y la Constitución Política del Estado».
«Al golpe cívico, policial y militar del 2019, se suma este nuevo golpe judicial en contra de la democracia», sostuvo Morales.
Mientras en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logran ponerse de acuerdo para garantizar las elecciones judiciales este 2024, el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes Molina, descartó una renuncia de todos los magistrados prorrogados, aunque cuatro ya lo hicieron.
En paralelo, el denominado “diálogo judicial” que encabezó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, resolvió exigir y conminar a las jefaturas de Diputados, Israel Huaytari, y de la Comisión de Constitución de ese cuerpo, Juan José Jáuregui, el tratamiento de la ley de elecciones judiciales.
“Exigimos y conminamos a la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución, el tratamiento del proyecto de Ley 144, ley transitoria para las elecciones judiciales, de manera inmediata y prioritaria, por el pleno de la Cámara de Diputados, debiendo constituirse en la propuesta principal, toda vez que cuenta con la aprobación de más de dos tercios de la Cámara de Senadores”, cita el primer punto de las cuatro conclusiones del encuentro.
Se decidió además identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, a fin de que cumplan sus deberes y funciones, porque “de lo contrario se iniciarán las acciones legales que correspondan”.
En el encuentro se acordó reclamarle al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vice David Choquehuanca, que asuma “un papel activo y responsable” en el proceso, “evitando el atropello de otros órganos” a la Asamblea, reseñó el sitio del diario El Deber.
“Es ilegal, ilegítima y una cosa totalmente innecesaria; yo creo que nos hacemos conflictos sin ninguna razón y esto obviamente tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y se hace sufrir mucho a la gente”Ricardo Centellas
El “diálogo judicial” se hizo en la sede legislativa con la participación de los representantes de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del sector “evista” del MAS, y sin la asistencia de los diputados del sector oficialista que responde al presidente Luis Arce.
Mientras, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, calificó de “ilegal, ilegítima y totalmente innecesaria” la prórroga del mandato de los magistrados.
“Es ilegal, ilegítima y una cosa totalmente innecesaria; yo creo que nos hacemos conflictos sin ninguna razón y esto obviamente tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales y se hace sufrir mucho a la gente”, advirtió Centellas a la cadena Unitel.
Sin embargo, también fue enfático en señalar que “los bloqueos no son la solución a ningún problema”, después de que los sectores sociales afines a Morales anunciaran que bloquearán rutas desde el lunes en demanda de la renuncia de los magistrados.
Organizaciones cercanas a Morales ya hicieron en la semana protestas en Sucre -donde reside el Poder Judicial- para que los magistrados que extendieron sus mandatos renuncien.
