Un documento de la CTAA, que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, informó que esas entidades realizaron una presentación colectiva para que intervengan esas organizaciones mundiales a fin de que el Estado argentino, a cargo del presidente Javier Milei, cese de manera inmediata «la persecución a la protesta».
Las organizaciones enviaron un escrito a la Comisión y a los mecanismos de protección de las Naciones Unidas para denunciar las multas millonarias del Ministerio de Seguridad.
Los dirigentes denunciaron «la política del Ministerio de Seguridad de exigir a las entidades que paguen sumas millonarias por participar en las protestas sociales y manifestaciones públicas del 20, 22 y 27 de diciembre últimos contra el ajuste, los recortes y las reformas».
«La cartera de Seguridad considera que la participación en marchas es una actividad ilegal y reclama sanciones económicas por protestas pasadas, arrogándose facultades que no tiene, con lo que también procura condicionar la acción futura. Esa política afecta el derecho a la protesta y es un acto de injerencia estatal contra la libertad sindical», aseveró.
Según la CTA, el 29 de diciembre último la CIDH señaló su «preocupación» y sostuvo que «la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas, por lo que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
