El prosecretario general de esa institución, Marcelo Gallo Tagle, expuso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto de ley «Bases y principios para la libertad de los argentinos», sobre la «preocupación» que representa el artículo 439 «en lo relativo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires».
«Son numerosos los argumentos políticos y jurídicos que llevan a la inconstitucionalidad de este pretendido traslado. La jurisdicción no es un simple servicio público sino que constituye unos de los mayores atributos, es inherentes a la soberanía del Estado», reclamó.
Por más que la ciudad de Buenos Aires «es calificada como Gobierno autónomo» en realidad «carece de una verdadera autonomía institucional» porque «su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es producto de la voluntad de un ente superior: la Nación argentina expresada en la Constitución», precisó.
Además, calificó de «inadmisible la delegación de facultades exorbitantes» que implicaría la norma «en favor del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones que se oponen al sistema federal de Gobierno delineado por nuestra constitución nacional» y la tildó como «una transgresión al principio de la división de poderes».
Insistió en la defensa del «respeto de la independencia del Poder Judicial, de la división de poderes» para el «beneficio de los ciudadanos al obtener jueces independientes, probos y con capacidad para defender sus decisiones».
Al retomar un argumento que esgrime el Gobierno nacional, Gallo Tagle afirmó que «efectivamente no hay plata para hacer» ese eventual traslado y advirtió que la Justicia nacional «funciona con el aporte de las provincias», al señalar que no es probable que esas jurisdicciones traspasen sus partidas hacia la Capital Federal.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios fue convocada para exponer en el plenario tras un comunicado que publicó el 28 de diciembre de 2023 para dar su postura en lo relativo al 439, en una jornada en la que contó también con la la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil, entre otras.
