El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se derrumbó en diciembre y profundizó la pérdida del poder adquisitivo que venía mostrando en los últimos años.
El importe del SMVM del último mes del año se ubicó en $156.000, frente a la inflación del 25,5% y con un número similar proyectado para enero por las consultoras privadas.
A pesar de lo prometido por Milei al inicio de su gestión, el Gobierno aún no le puso fecha a la convocatoria del Consejo del Salario para acordar un nuevo aumento, ante el panorama de un paro general anunciado para el próximo 24 de enero.
Sin la actualización que demandan los gremios, el ingreso base seguirá muy por debajo de la canasta básica que traza el umbral de pobreza en enero de 2024 alrededor de medio millón de pesos para una familia de cuatro personas, e incluso quedará por debajo de la línea de indigencia de $240.678.
De esta manera, existe un marcado atraso del salario mínimo que continuará profundizándose en la medida que no se lleve a cabo la actualización.
El sueldo mínimo se desploma: cuántos kilos de pan se pueden comprar
El economista Jorge Barreto realizó un estudio de mercado, a través del cual analizó el poder adquisitivo del salario mínimo, medido en kilos de pan.
Así, calculó que hoy el SMSV alcanza para comprar 87 kilos de pan, cuyo precio ronda los $1.800, lo que implica un 63% menos que un año atrás.
En enero de 2023, el salario mínimo era $65.427 y el kilo de pan costaba $480, es decir que hace un año se podían comprar 136 kilos.
A su vez, esto representa una caída del 37,17% respecto de los valores observados durante la crisis de 2001.
«Si tomamos el valor del kilo de pan promedio desde el año 2000 hasta hoy y lo medimos versus el salario mínimo se puede ver que históricamente la actual es la menor cantidad de kilos que se puede comprar por mes en 23 años», refuerza Barreto
Del estudio se desprende que el 2006 fue el año donde el salario mínimo tuvo mayor poder de compra, con 320 kilos. Hasta el mes pasado, el peor año había sido el 2001, cuando alcanzaba para 138 kilos.
En 24 años, el kilo de pan aumentó 128.471%: pasó de $1,40 ó u$s1,40 a $1.800. En el mismo período, el salario mínimo aumentó 77.900%: pasó de $200 ó u$s200 a $156.000, que medidos al dólar blue da aproximadamente u$s138.
«Con estos números la pérdida de poder adquisitivo durante el periodo medido en kilos de pan es del 40%», resalta Barreto en su cuenta de X.
¿Qué espera Milei para convocar al Consejo del Salario?
Tan enfrascados están los miembros de la nueva gestión en la cuestión económica-financiera que parecen haberse olvidado de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en las próximas semanas, que el último acuerdo fue para el trimestre del año, quedando en diciembre en 156.000 por ciento, lo que se tradujo en una suba del 32,2 por ciento. En esa reunión, que encabezó la entonces ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, también se aprobó que la prestación por desempleo, pasara del 50 por ciento al 75 por ciento del importe neto de los últimos seis salarios.
En cuanto a los posibles porcentajes a aplicarse para el trimestre enero-febrero-marzo, es una incógnita mayúscula y un desafío para la administración Milei, aunque se estima que en este tema la decisión final pasará más por el nuevo equipo económico comenzado por Luis «Toto» Caputo y, en alguna medida, por la designada ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Los interrogantes para la dirigencia gremial se abren ante la falta de definiciones en Milei en la materia, aunque los antecedentes no son muy auspiciosos. El avance de Patricia Bullrich en el gabinete libertario quedará confirmado si el abogado laboralista Omar Yasim es confirmado en la repartición laboral.
En su campaña electoral, la candidata de Juntos por el Cambio había prometido que derogaría la Ley de Empleo 24.013 y «todas las leyes que han destruido el concepto de indemnización», mientras que detalló que impulsará un nuevo «régimen laboral que tendrá un 60% de baja del costo de las indemnizaciones«.
En ese paquete de temas se encuentra el salario mínimo. En caso de eliminarse, el Gobierno se quedaría sin una herramienta que sirve de base para aproximadamente un 40 por ciento de la fuerza laboral que, se estima, no está registrada; por lo tanto, carece de convenios colectivos o representación gremial para negociar aumentos. También impactaría en el cálculo del impuesto a las Ganancias y en los planes sociales.
