En tanto, el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la cámara recibirá el lunes a representantes de la sociedad civil, alcanzados por la iniciativa, tras aceptar un planteo en ese sentido por parte de los legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda, formulado a lo largo de la semana pasada.
De todos modos, el oficialismo no descarta aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero.
Por eso La Libertad Avanza (LLA) aspira a emitir dictamen antes del viernes próximo, dado que fuentes cercanas al bloque oficialista no descartaron la posibilidad de que se pueda convocar al plenario ese mismo día o el sábado, en el marco de la «nueva dinámica» que se le quiere dar a la actividad legislativa.
Esa posibilidad fue anticipada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en declaraciones formuladas el viernes último no descartó «acelerar» el debate para «dictaminar y aprobar la ley lo antes posible».
«Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente porque ‘no hay plata’. El plan ideal es (aprobar la ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora», aseveró Menem.
«Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora»Martín Menem
Respecto a la posibilidad de sesionar durante los fines de semana para avanzar en el debate del proyecto, Menem enfatizó que «no importa que sea martes, miércoles o sábado; si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo que no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco».
La idea de aceptar cambios fue anticipada por el oficialismo a lo largo de los tres plenarios que se realizaron la semana pasada, en la que expusieron 13 funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además de secretarios de diferentes áreas.
En esas tres jornadas, que consumieron más de 40 horas de trabajo, los funcionarios respondieron más de 300 preguntas en relación a las temáticas de cada una de las áreas.
Francos aseguró que el Gobierno tiene «vocación de diálogo» en el tratamiento parlamentario de la ley y afirmó que «se escuchan a los legisladores, pero también a gobernadores, sectores empresarios y asociaciones intermedias».
Por su parte, el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago, apuntó que se está dialogando con «todos los bloques, con el PRO, con la UCR, con la Coalición Cívica (CC), es muy importante ir ‘recepcionando’ las inquietudes que ellos tienen, y ponernos de acuerdo para llegar a algún consenso que nos permita ir al recinto, donde seguramente se van a seguir discutiendo algunos puntos».
Sin embargo, desde los bloques que reconocen ánimo de contribuir a la gobernabilidad advierten sobre «la falta de interlocutores precisos» para definir los temas sobre los que realizan observaciones.
De hecho, en relación a los puntos del proyecto sobre los que consiguieron que el Ejecutivo aceptara modificaciones, como Pesca o reunión de más de tres personas en contexto de manifestación, cuestionan que «el oficialismo los presenta como si fuera una decisión de ellos y no producto del diálogo con otros bloques o como una negociación».
En el marco de esas conversaciones, los tres principales bloques de la oposición dispuestos a acompañar, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, coinciden en el esquema de temas sobre los que no aceptarían el texto de la ley tal como llegó al Congreso: facultades delegadas y jubilaciones son los dos temas que hoy sufrirían el mayor embate.
La agenda electoral también genera recelos y sería postergada hasta marzo, en tanto que la privatización de empresas no saldría tal como fue presentada en el proyecto y se discriminarían según niveles y proponiendo un tratamiento legislativo en particular para cada una.
En cuanto a los posibles respaldos al proyecto, en los borradores que circulan por despachos de diputados que ‘porotean’ todos los días cuentan unos 130 diputados seguros para el quórum, que es de 129, y para la mayoría necesaria para aprobar el articulado.
Suman a los 40 libertarios (los 38 de LLA más Carolina Piparo y su socia); los 40 del denominado Frente PRO, y parcialmente a representantes de otros tres espacios: 26 de los 34 radicales; 14 de los 23 de HCF y 10 de los 13 provinciales.
En los próximos días, el oficialismo trabajará para rebatir los argumentos de díscolos de esos espacios, como los radicales más cercanos al exgobernador jujeño Gerardo Morales; los seis de la CC o los representantes de las provincias de Misiones, Neuquén y Rio Negro.
En tanto, consideran que el núcleo duro de rechazo a la ley lo conforman los cinco de la izquierda y los 102 de UxP, que aseguran internamente que «no tendrán fisuras» y que «ninguno» de esos gobernadores «facilitará que sus diputados apoyen el texto».
Por otra parte, el titular del bloque UxP, Germán Martínez, realizó el jueves pasado un pedido para que se arme una «grilla lo más ordenada y participativa posible» ante la amplia cantidad de pedidos de audiencia.
El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornorioni, de LLA, aceptó esa solicitud y dijo que el cuerpo recibirá a ONG’s, cámaras y entidades para que «se puedan expresar todas las voces», aunque en su entorno advirtieron que las listas se confeccionarían este fin de semana con un criterio para acotarlas y ordenarlas de forma proporcional a los pedidos que realicen las diferentes fuerzas políticas.
El plenario se retomará el lunes a las 10 con la presencia de invitados que tendrán 5 minutos para exponer, según lo acordado por los diferentes bloques para permitir que todos tengan espacio para plantear sus dudas en torno a la iniciativa.
Según se indicó, las exposiciones se alternarán consecutivamente una exposición virtual y una presencial; en tanto que a los expositores se les permitirá el ingreso de una persona por entidad, máxima dos en caso de que la entidad exprese a varios sectores, empresa o agrupación, a la sala de reuniones.
Cada entidad tendrá la posibilidad de entregar o enviar documentación respaldatoria a su exposición al finalizar, y después cada bloque podrá designar cuáles son las agrupaciones y entidades que concurran a la exposición.
También está abierta la posibilidad de que, a partir de esa experiencia, en forma ordenada, se pueda hacer una nueva jornada para exposiciones, posiblemente el martes.
