Tras la designación del abogado Silvestre Sívori al frente de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el gobierno de Javier Milei acaba de designar a cinco militares retirados para reforzar la injerencia castrense en un área sensible de la política represiva de los gobiernos capitalistas. Tras la fachada del “interventor civil” se oculta el estrechamiento de los vínculos con el Ejército y la ampliación de los “fondos discrecionales” al servicio del imperialismo, el ajuste y la represión.
Más allá de la “depuración” de elementos pertenecientes a la anterior gestión del Frente de Todos, el gobierno empieza a delinear su línea de intervención para la inteligencia y el espionaje local, reforzando los lazos con el imperialismo norteamericano e israelí –con compromisos de mayor vínculo con la CIA y el Mossad- y la ubicación estratégica de exmilicos en la AFI.
Las designaciones –cuyos nombres son reservados por “materia de seguridad nacional”- alcanzan a tres coroneles, un brigadier y un almirante, quienes tendrán una injerencia directa en Planificación, Contrainteligencia Institucional, Contrainteligencia y Doctrina, entre otras áreas.
Sívori habrá sido ungido a instancias del jefe de Gabinete presidencial Nicolás Posse, quien también se ocupó de gestionar la reestructuración de las Fuerzas Armadas para alinear a los nuevos mandos militares al plan motosierra y al imperialismo norteamericano. La incorporación de exmilitares en la AFI sigue dándole forma a la red represiva que teje el gobierno para cumplir sus propósitos.
La influencia militar también se extiende a la designación de un vicecomodoro retirado en la inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a cargo de Diniem, bajo la órbita del ministro de Defensa, Luis Petri.
Los vasos comunicantes entre el personal castrense designado en la AFI habilita a las fuerzas Armadas a un vínculo directo con el espionaje y la inteligencia interior, tarea vedada por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, lo que disuelve las fronteras entre “seguridad interna y externa”: un viejo anhelo de los gobiernos represivos y ajustadores.
La designación previa de Sívori fue resuelta por medio de un DNU presidencial para evitarse el correspondiente filtro del Senado. Entre los considerandos de dicho DNU se aprecia el proposito de “reestructurar el Sistema de Inteligencia del Estado (…) con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.
Para una fuerza política donde la “constitucionalidad” se ejerce a base de DNUs y donde los objetivos nacionales pueden sintetizarse en el plan motosierra y la ofensiva que engloban el DNU antiobrero y la Ley ómnibus –entre las primeras medidas oficiales- está claro que dicha reestructuración está al servicio de ampliar la red de espionaje y represión contra el pueblo trabajador que enfrente esta política antiobrera.
Para este propósito el gobierno incluso devuelve los famosos “fondos discrecionales” de la AFI: blanqueando una caja negra al servicio de los intereses y propósitos más espurios, en manos de los agentes del imperialismo y el capital político más nefasto a cargo del “sótano de la democracia”.
La presencia militar en los servicios de inteligencia se encuentra entre los niveles más altos de los últimos años y al servicio de una orientación que profesa un servilismo colonial al imperialismo norteamericano e israelí, y que anuncia a viva voz que se vienen tiempos difíciles… para los trabajadores.
El servicio de inteligencia nacional no es más que un anexo de la política imperialista en el país y otro de los recursos de los intereses capitalistas contra el pueblo trabajador, por lo que su sola existencia es un atentado permanente contra los trabajadores. En este se elucubran operaciones de todo tipo, carpetazos, tráfico de influencias, extorsiones, amenazas y toda la porquería que uno se puede imaginar.
Los trabajadores debemos reclamar por su disolución y por el rechazo de cualquier reforzamiento represivo que prepare las condiciones para atentar contra los intereses obreros y populares. Tarea posible en la medida de la organización independiente de la clase obrera para abrir un curso propio y una salida a la crisis actual.
