Los amparos empezaron a llover a montones en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde intentan frenar desde varios sectores el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación, Javier Milei. Turismo, aduaneros, municipios, inquilinos, empresas recuperadas, farmacéuticos, juristas y otros secrores ya suman medio centenar de presentaciones durante la feria tiene como protagonista al juez Enrique Lavié Pico, quien hasta ahora le ha jugado en contra a la estrategia desplegada por el Gobierno Nacional.
A unos cuantos particulares se han sumado en contra del DNU y reclamando una medida cautelar, entidades, Asociaciones Civiles, y ONG´S como el de «La Fortaleza de Evas».
En la lista de demandantes también está la Confederación Argentina de Deportes (CAD), la Confederación Farmacéutica Argentina (CAF), la Asociación Argentina de Juristas, el Movimiento Nacional de Empresas recuperadas, la Asociación Civil Inquilinos agrupados, el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
Uno de los puntos más sensibles del DNU es que barrió con la anterior ley de alquileres que contemplaba contratos de 3 años con actualización anual. Justamente, ese aspecto es el que cuestionó una entidad que agrupa a los inquilinos y el fiscal Miguel Ángel Guilligan le pidió al juez que habilite la feria judicial de enero para resolver, cosa que hizo.
La Justicia aún no definió sobre si hace lugar a alguna de las cautelares solicitadas y es parte del camino que fijó la Corte Suprema de Justicia en el amparo presentado por el Gobierno de La Rioja, en patear la definición para semanas más adelante aprovechando la vigencia de la feria judicial de enero.
En los pasillos de Tribunales circula la estrategia de demorar una pronta definición sobre el DNU y darle tiempo al poder político en aportar una solución. Aunque los días pasan y de no destrabarse el conflicto, los jueces se verán obligados a resolver.
El más avanzado de los expedientes es el del Observatorio de Derecho de la Ciudad, el primer amparo presentado contra el DNU, y sobre el cual el juez ya habilitó la feria y concedió -tal cual lo marca el procedimiento- tres días al Gobierno para hacer su descargo ante el trámite de medida cautelar y cinco por la llamada cuestión de fondo.
Una vez hecha la contestación del Gobierno, el juez Lavié Pico estaría en condiciones de resolver aunque sin plazos estrictos para hacerlo.
La reforma laboral
Hasta el momento, fueron tres los fallos que frenaron la intención del presidente de la Nación, Javier Milei, en introducir reformas en las leyes laborales. Sin lugar a dudas, el más ruidoso fue el amparo presentado por la CGT que le precedió una protesta frente a los Tribunales y un paro convocado para el próximo 24 de enero.
Ese fallo sólo frenó el Capítulo IV del DNU, el de las reformas laborales, y ya el Gobierno hizo saber que apelará lo que presupone será a través de un recurso extraordinario que caerá en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El dilema que afronta el Gobierno es que la Corte ya ha dicho que durante en enero no se tomará la feria para resolver, sino que recién empezará a hacerlo a partir de febrero y cuando previamente dictamine el Procurador General interino Eduardo Casal.
El dictamen de Casal podría anticiparse al inicio de la actividad judicial y ser presentado en enero aunque el mismo no es vinculante y la Corte antes o después dará la última palabra, será la primera decisión caliente que adopte el Alto Tribunal en la era Milei.
El Gobierno insiste ante la Justicia
El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, intenta que todo quede en el fuero con el que mejor diálogo tiene y es el Contencioso Administrativo Federal donde están la mayoría de los amparos pero no es el que más ha avanzado.
La Cámara Nacional del Trabajo ha dictado tres cautelares distintas y la intención del Gobierno es quitarles esos tres expedientes y que se unan a los que fueron presentados previamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Por ello, la Procuración del Tesoro apeló la decisión del juez Enrique Lavié Pico quien rechazó solicitar la inhibición de seguir interviniendo a la Cámara Nacional del Trabajo. También lo hizo por la decisión del magistrado en «desarmar» aquello que tramitaba como un amparo colectivo, esto es, que aquello que se resolviera afectaba a todos y no sólo a aquellos que hacen el reclamo a través del amparo.
La estrategia del Gobierno es discutir todo en el fuero Contencioso Administrativo Federal pero por ahora no lo ha logrado.
