Javier Milei metió mano en la cúpula militar en lo que parece una derivación de la sorda interna que mantiene con su vice Victoria Villarruel. El cambio de Jefe del Ejército, Alfredo Presti motivó la salida de 22 jefes militares, que se suman a la caída del Jefe del Comando Mayor Conjunto y la salida de 7 almirantes, pero el número podría aumentar.
En primer lugar porque militares de rango están esperando, sin certeza alguna, la continuidad de sus funciones y ya se siente la demora de las últimas dos cuotas de la jerarquización salarial implementada por Sergio Massa.
Pero a esta situación se suma la inquietud que causa las posibles consecuencias en el cambio impuesto en el Régimen Nacional de Pesca que plantea la ley óminibus que ya provocó el rechazo de los gobernadores patagónicos, que consideran que entrega el Mar Argentino a flotas extranjeras.
El dilema está en la eliminación o cambio drástico en la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino. El artículo 5° de la Ley N° 23.968 establece que la ZEE se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en el Artículo 11 de la presente ley.
Para controlar esta posible actividad ilegal, la Prefectura Naval Argentina efectúa patrullajes con medios aéreos y marítimos que complementa con tecnología aplicada al control, el Sistema Guardacostas, que permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos.
Como adelantó LPO, el cambio dispuesto por el gobierno es considerado por las provincias como «una entrega» de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector.
El reclamo unido de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores golpeó fuerte en los bloques de Juntos por el Cambio y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.
En el mismo sentido se expresaron las provincias patagónicas que denunciaron una violación a la soberanía y criticaron la modificación de la obligatoriedad para descargar en puertos argentinos, competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad para contratar personal argentino.
Esta modificación le quita poder de arbitraje y pone en cuestionamiento la soberanía sobre el mar ante un posible desembarco masivo de buques extranjeros, sobre todo de China. El gran interrogante es qué tareas va a cumplir la Prefectura Naval Argentina, bajo la orbita de Seguridad y la Armada Argentina ante la pérdida de soberanía sobre el Mar Argentino.
Un dato para destacar es que el Comandante del Área Naval Atlántica Marcelo Fernández no está ratificado en su cargo aún y, según pudo saber LPO, cambiaría de destino.
Una fuente militar habló con LPO y confirma que hay mucha incertidumbre. «Hasta ayer estaba en funciones, hoy ya no sé», afirmó con preocupación. Respecto al cambio de la ZEE los marinos no consideran que estén riesgo la soberanía pero si piden que sean claros los alcances del cambio de legislación.
«No creo que se elimine, de ser así puede ser muy grave. Los cambios tienen que contemplar quien puede entrar con el permiso correspondiente del Estado», apuntó la fuente consultada.
Otra preocupación está relacionada con la posible privatización de Fabricaciones Militares, empresa estatal fundada por el General Manuel Savio y Juan Domingo Perón en 1941.
Fabricaciones Militares tiene seis centros de distribución y en su época de apogeo llegó a tener 14.500 trabajadores y 18 empresas pero luego del proceso de privatizaciones de la década del 90 y un nuevo ajuste realizado por Mauricio Macri en 2017, la empresa cuenta con poco más de 1500 empleados.
Una fuente de la empresa afirmó a LPO que «Fabricaciones da ganancias y vende sin distinción ideológica. Vendimos chalecos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ante un contrato que incumplió el sector privado en Santa Fe, también le vendimos al gobierno provincial».
«También exportamos a empresas españolas con sede en Perú y otros destinos. Si el argumento es que la empresa no funciona, no sería el caso», agregó la fuente. Según detalló, Milei podría como interventor o presidente de la empresa a Hugo Pascarelli, ex CEO de Monsanto e hijo de un militar (del mismo nombre) condenado por delitos de lesa humanidad por crímenes en el Centro Clandestino El Vesubio.
«La situación actual es de zozobra, incertidumbre y mucha preocupación, sobre todo en Fanazul que fue cerrada por Macri en 2017», continuó. En relación a la posición de los militares, la fuente reconoció que está dividida: «Hay una línea que apoya la venta porque está en el negocio privado y otra de extracción más nacionalista que defiende la industrialización de la Defensa que no está de acuerdo».
En este contexto, es una incógnita el rol que tendrá Victoria Villarruel, la vicepresidenta con fuertes nexos con la familiar militar que en un primer momento estuvo cerca de concentrar las áreas de Seguridad y Defensa, pero sufrió la guadaña de Milei.
