A solo 17 días de la asunción de la administración «libertaria», la conducción de la central obrera realizó una marcha hacia el Palacio de Tribunales -que demostró su masividad- para reclamar a la justicia «la inconstitucionalidad» de ese DNU y la necesidad de no violentar las atribuciones del Poder Legislativo.
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, máximo órgano ejecutivo de la central obrera, llamó un día después desde el histórico Salón Felipe Vallese del edificio de Azopardo al 800 al primer paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero.
Según los máximos exponentes de la central sindical -Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- la fecha fue elegida porque de forma supuesta ese día el Parlamento analizará esas medidas anunciadas por el Gobierno y la denominada Ley Ómnibus.
Sin embargo, la convocatoria a la primera huelga de 12 horas y a la movilización hacia el Congreso surgió luego de arduos debates internos y tras intensas presiones de las organizaciones confederadas, que habían comenzado una semana antes en ocasión del debate planteado en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
Hasta ese momento, la mayoría de los dirigentes de conducción de la central obrera eran partidarios de declarar «un plan de lucha gradual» que contemplase «intensas gestiones» ante la totalidad de los bloques parlamentarios y la justicia nacional.
Fue Omar Maturano, el líder del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad y de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) -la central paralela a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte de Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid- quien se paró de manos y reclamó un inmediato paro general.
En su duro discurso en la Uocra, al que tuvo acceso Télam, Maturano reclamó una huelga nacional para el jueves 28 de diciembre último y no la convocatoria al Confederal, y argumentó que «la CGT debe responder a cada golpe de forma doble».
«Somos trabajadores y les estorbamos a todos los políticos. La CGT no puede permitir estos golpes. Por cada uno que le propine el Gobierno debe contestar con dos. El articulado del Estatuto de la central permite la convocatoria a un paro en caso de emergencia. No es preciso un Confederal para responder a estos ataques. No jodamos», había afirmado el dirigente ferroviario ante la impávida mirada de sus pares.
En ese momento su propuesta no prosperó, pero al día siguiente un tenso Confederal -que aplaudió de pie la presencia de los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)- no dudó en convocar a la primera huelga nacional.
«El paro a partir de las 12 del 24 de enero se fundamenta en la necesidad de facilitar la movilización de los trabajadores desde los establecimientos, fábricas y empresas. Siempre es más sencillo movilizar desde los lugares de empleo que desde las casas», confiaron a esta agencia varios dirigentes de primera línea de la conducción gremial.
Sin embargo, los experimentados dirigentes cegetistas eligieron la fecha de la huelga no solo por el posible tratamiento ese día del DNU y la Ley Ómnibus sino porque de manera estratégica decidieron otorgarle al Gobierno 27 días de plazo para que «reflexione y tienda puentes de diálogo y de negociación» con el movimiento obrero organizado.
En efecto, en el lapso comprendido entre el 28 de diciembre -fecha del Confederal y de la declaración de la huelga- y el día del paro la CGT aún tiene la expectativa que el Ejecutivo convoque a «una mesa de diálogo» para negociar «temas vitales».
Los temas en cuestión
En esa agenda de diálogo y negociación, la CGT plantea asuntos estratégicos como las obras sociales, la reforma del Estado y de la movilidad jubilatoria, las indemnizaciones y la lista de empresas a privatizar que anunció el Gobierno, a lo que se opone tajantemente.
Más allá de su condición de ortodoxo peronista -«así nací, así me crie y así moriré», suele afirmar Maturano- no es casual que el líder de «los fraternales» haya planteado la necesidad de declarar una inmediata huelga para responder a las iniciativas oficiales.
Los dirigentes ferroviarios aún recuerdan la odisea vivida en los años ’90 bajo el Gobierno de Carlos Menem y las privatizaciones de empresas de trenes ordenadas por esa administración, que implicaron cierre de ramales y decenas de miles de despidos.
Idéntico fantasma persigue por estos días a los sindicatos aeronáuticos ante la posibilidad de la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, o a la dirigencia lucifuercista como consecuencia de la nómina de compañías que correrían igual suerte.
«Son épocas que nadie quiere volver a vivir porque significaron una tragedia nacional. Es urgente que el Gobierno convoque al diálogo. No es posible admitir la destrucción del sistema solidario de salud de las obras sociales y del Estado; privatizar empresas y condenar a los jubilados a una incierta reforma, entre otras cosas», dijeron los voceros.
La CGT presionará nuevamente el 10 de enero próximo, cuando se reúna en el Felipe Vallese el plenario de sus delegaciones regionales, que ratificará la huelga nacional, y mantendrá intensas reuniones con las conducciones de ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) para coordinar la protesta y la marcha del 24 de este mes.
Esas centrales obreras y los movimientos sociales ya adelantaron su decisión de adherir al paro nacional y a la movilización hacia el Congreso que determinó la CGT.
Las cartas están echadas. Para Daer, cotitular de la central obrera, con el anuncio de estas medidas el Gobierno decidió declarar «una guerra total a los trabajadores».
«El DNU y la Ley Ómnibus de Milei son instrumentos peores que los de la dictadura. Lo que quiere hacer ahora nunca fue propuesto. Se trata de un fraude electoral. Nosotros no necesitamos las ‘fuerzas del cielo’ porque sabemos que Jesús siempre camina al lado de los trabajadores. La CGT no permitirá esto y parará el 24», afirmó Daer en el CCC.
Además, acusó al Gobierno de haber iniciado la dinámica del conflicto porque «en menos de una semana transformó el país de forma absoluta y no con una mirada de progreso, sino que se trata de un retroceso a la Argentina pastoril de hace un siglo o más».
En parecidos términos se expresó el secretario general adjunto de la Federación de Camioneros, Pablo Moyano -otro de los cotitulares cegetistas- quien señaló que las organizaciones sociales y gremiales «son perjudicadas por esta locura que lleva adelante ‘el enviado del cielo’ que se caga en el Congreso y en los trabajadores», y embistió además contra el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich.
De no haber llamado al diálogo y la negociación, la CGT ratificará la huelga y movilización de ese día, con lo que comenzará un conflicto de impredecibles consecuencias, ya que el Confederal mandató al consejo directivo de la central obrera a adoptar «las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad» en general.
El interrogante que sobrevuela por las sedes de las tres centrales sindicales es de qué manera la ministra de Seguridad pretenderá aplicar el 24 de enero el protocolo antipiquetes callejero ante la segura masividad de la movilización de los trabajadores.
