«La mamá y el papá de Micaela García, la joven asesinada por un femicida en 2017 y en cuya conmemoración se sancionó una Ley que lleva su nombre destinada a capacitación en perspectiva de género y prevención de las violencias al personal de la administración pública, pidieron al Congreso que no modifique la normativa, tal como lo propone la «Ley ómnibus» presentada esta semana por el Gobierno.
«Muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia», señalaron a través de un comunicado.
La «Ley ómnibus» intenta modificar seis artículos de la Ley Micaela.
«Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras»
«Lo que, a nuestro entender, es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley», manifestaron Andrea Lescano y Néstor ‘Yuyo’ Gracía, mamá y papá de la joven a través de un comunicado emitido desde la Fundación Micaela García «La Negra», del que también participaron personas voluntarias y profesionales de la organización.
La modificación propuesta en el Artículo 535 de la «Ley ómnibus» propone substituir ese articulo con el texto: Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.
El artículo aún vigente de la Ley Micaela dice: Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
«Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas …que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes», resaltaron en la comunicación.
La Ley Micaela ( N° 27.499) «se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran».
«Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que, el día previo al femicidio de Mica, no tomaron una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años, estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia», recordaron en la comunicación de la Fundación.
El equipo de la Fundación, y la mamá y el papá de Micaela también alertaron que «no es lo mismo la violencia familiar que la violencia por motivos de género«.
«Todo esto sucede a unos pocos días de sentir muchísima emoción y orgullo al cumplirse 5 años de la sanción de la Ley Micaela», añadieron.
Todas las provincias han adherido a esta normativa y muchos municipios del país, además del sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas.
«En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza», dijeron Andrea y Néstor.
«Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias», agregaron.
«La Ley Micaela es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública»
Dijeron que la violencia de género «no sólo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan en las capacitaciones en la Ley Micaela. Si hay un delito o crimen es porque llegamos tarde. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre».
La ley se sancionó en diciembre de 2018 con 230 votos a favor y uno en contra.
«Todas las fuerzas políticas acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan ‘borrar con el codo lo que escribieron con la mano'».», resaltaron.
«Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras. En defensa de la vida, la libertad y la justicia», concluyó el comunicado.
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Micaela García fue asesinada por Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres, y el juez Carlos Rossi le había dado el beneficio de la libertad condicional.
Finalmente, Wagner fue condenado a 30 años de prisión.
