El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finaliza su cuarto año de mandato fortalecido tras haber obtenido su reelección por más del 45% de los votos, con lo que cobró protagonismo como líder de la oposición al gobierno de Javier Milei, al mismo tiempo en que encara un período de incertidumbre al desconocer si contará con asistencia de fondos nacionales necesarios para el funcionamiento del distrito.
Kicillof construyó su poder a base de gestión y, tras lograr imponerse sobre los sectores del justicialismo que buscaban que fuera el candidato presidencial y luego de haber superado el escándalo desatado por el viaje de lujo de Martín Insaurralde a Marbella, obtuvo 20 puntos más que sus competidores en los comicios generales de octubre.
En sus cuatro primeros años de gestión, el mandatario bonaerense desplegó una batería de acciones y medidas de infraestructura y obra pública: reactivó la obra del Río Salado y los trabajos para disminuir el riesgo de inundaciones y sequías en 59 municipios y recuperó el Banco Provincia con $2 billones en créditos productivos y 8 millones de usuarios de la Cuenta DNI, entre otras cuestiones.
Todo ello, claro, se llevó a cabo con un Gobierno nacional del mismo signo político desde el que no se retacearon fondos a la provincia más grande, más poblada y con mayores asimetrías socio económicas de la Argentina.
Tras haber revalidado su cargo, ahora el desafío será sostener el nivel de obra pública, que los salarios de los trabajadores no pierdan contra la inflación y contar con los recursos para seguir implementando programas productivos, educativos, sociales, de salud y de seguridad mientras desde el Gobierno nacional afirman que «no hay plata».
Para ello, armó un gabinete de propios en el que revalidó a los suyos: Pablo López (Economía), Augusto Costa (Producción), Jesica Rey (Comunicación), Cristian Girard (ARBA), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Agustina Vila (Secretaria General) y Santiago Pérez Teruel (Asesor General de Gobierno) y logró reempoderar a Carlos Bianco, al reinstalarlo como su ministro de Gobierno, después de haber sido corrido de ese cargo tras las elecciones legislativas de 2021.
Ante la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para 2024, y aún sin señales concretas acerca del envío de transferencias no automáticas, ahora, todo su equipo trabaja para enfrentar el recorte «con creatividad y militancia» en el marco de un panorama económico cambiante y con alta inflación.
En la Provincia repiten que «Buenos Aires es la más perjudicada por el sistema de coparticipación por el que se distribuye el 90% de los recursos: aporta el 40% y recibe el 21%», lo que es insuficiente para un distrito con el 38% de la población y el 44% de la pobreza del país.
Afirman que Buenos Aires «es la provincia con el menor nivel de gasto y la segunda con menor cantidad de empleados públicos del país, principal motivo detrás de sus enormes déficits en materia de infraestructura social y servicios públicos».
Mientras tanto, el distrito ya comenzó a ser el refugio desde el cual el peronismo se organiza para perfilar su oposición de cara a los cuatro años entrantes y para delinear estrategias ante el nuevo escenario.
No es casual que por la Gobernación bonaerense hayan desfilado en las últimas semanas los principales referentes de Unión por la Patria: dirigentes gremiales, senadores y diputados nacionales como Máximo Kirchner, Eduardo «Wado» de Pedro, Cecilia Moreau y Juliana Di Tullio, el excandidato presidencial Sergio Massa, intendentes de 84 municipios y legisladores bonaerenses.
Allí, el peronismo se pronunció contra las consecuencias del DNU presidencial 70/2023 -que implica una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas- y Kicillof instó a la dirigencia a trabajar juntos y a unificar una estrategia para que Buenos Aires no pierda en la distribución de recursos desde Nación.
En paralelo, Kicillof y otros gobernadores mantuvieron encuentros primero con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y luego con el presidente Milei, en los que el mandatario bonaerense advirtió cómo la merma en el envío de recursos a las provincias afectará no sólo a la de Buenos Aires sino a las demás.
Los mandatarios firmaron un documento en el que sentaron una posición contra el Gobierno nacional por el dictado del DNU y por reponer el impuesto a las Ganancias sin escuchar la propuesta de los jefes provinciales opositores, que sugerían coparticipar el impuesto al cheque.
La mayoría de los ocho los gobernadores peronistas –Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja)- posee bajo perfil, por lo que desde las filas bonaerenses estiman que Kicillof puede llegar a liderar ese bloque.
En ese marco, no pocos advierten que el economista proyecta un dirigente nacional y hasta se atreven a deslizar que debería ser quien conduzca el Partido Justicialista, propuesta que -por el momento- cerca de Kicillof rechazan aunque no desconocen que asoma como la principal figura de resistencia opositora.