Lo hizo a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso Télam.
Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde este viernes.
En la «acción declarativa de certeza» se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos».
También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».
La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.
«Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos», argumentaron los abogados.
El DNU «tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y deduce con expectativa de reparación inmediata», se argumentó.
«Gravedad institucional»
El DNU firmado el 21 de diciembre pasado y puesto en vigencia este viernes «produce perjuicios irreparables por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y los artículos 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», enumeraron Zaffaroni y Ferreyra».
Por ende, «se solicita se resuelva la incertidumbre» en torno a su aplicación y ante la «gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso», advirtieron.
El abogado Raúl Ferreyra, uno de los patrocinadores de Quintela, señaló que «se le está pidiendo a los señores jueces que defienda el federalismo y que sostengan la democracia y la armonía en paz de todos los argentinos», según afirmó en declaraciones al canal C5N.
El letrado destacó principalmente que esta acción fue presentada «en la competencia originaria de la Corte» que es la «competencia jurisdiccional más importante de toda la Argentina».
«Es una gran decisión la del gobernador porque el problema jurídico ya está planteado en los despachos de los jueces de la Corte Suprema. Ya no hay que esperar primera instancia y segunda instancia para que llegue a la Corte», apuntó.
Y detalló que ahora el máximo tribunal deberá decidir si «habilita la feria judicial de enero como pedimos» al igual de que si dicta la medida cautelar como fue pedido en la presentación realizada para «suspender los efectos de la medida».
«La competencia originaria de la Corte no es cualquier competencia. Fue pensada como la de la armonía federal y de la paz. Se pensó para que las provincias resuelvan sus problemas jurisdiccionales con el Estado nacional a través de un tercero imparcial que es la Corte Suprema», destacó.
El Gobierno de La Rioja pidió habilitar la feria judicial para tramitar la causa principal y también para el dictado, notificación y cumplimiento de la medida cautelar pedida.
«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales», posteó al respecto el gobernador Quintela en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
El reclamo, dijo, que lo hace «en nombre de la provincia» y para conseguir en el Poder Judicial de la Nación un «pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», explicó el mandatario.
Contra la vigencia del DNU de desregulación económica hay presentados una treintena de amparos entre los fueros Contencioso Administrativo Federal y del Trabajo pero hasta el momento ningún juzgado dictó medida cautelar para suspender su vigencia.
