La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, confirmó la elevación juicio de la causa en la que se investiga la participación del exconjuez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, y otras siete personas (entre ellos gendarmes) en la conformación de una asociación ilícita dedicada a la protección de narcotraficantes.

Este nuevo paso procesal se dio al rechazar la oposición a la elevación a juicio oral y el planteo de falta de acción presentados por los abogados defensores, Gabriela Tomljenovic y Zacarías Issolio.

La defensa de Aranda se opuso a la elevación a juicio por considerar que las pruebas recolectadas en el expediente son insuficientes, al igual que la cantidad de elementos determinantes que avalen la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal.

La defensa consideró que no se han podido determinar la participación y consecuente posible responsabilidad de Aranda, dado que no pueden probar conductas que, a su entender, no existieron.

Al rechazar el planteo, Niremperger ratificó que durante la investigación se ha logrado comprobar, con el estándar probatorio requerido para esta etapa del proceso, la imputación contra Aranda.

“La prueba reunida e incorporada (por la defensa) no ha logrado descartar la hipótesis delictiva endilgada al imputado respecto de los hechos investigados, por lo que se justifica la realización del juicio oral y público, resultando el debate el marco propio para canalizar las objeciones sobre el hecho, las pruebas y la calificación jurídica”, afirmó la jueza.

Cabe recordar que además de Aranda, están procesados los gendarmes Alberto Farías (comandante principal); Raúl Ernesto Scheurman (segundo comandante y en su momento jefe operativo del Escuadrón) y Enzo Aguirre (primer alférez y por ese entonces jefe de la Sección Villa Ángela).

Los tres están acusados de ser miembros de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, todos ellos en carácter de autor y coautor de los delitos de encubrimiento agravado y concusión agravado.

También irán a juicio el exintegrante de Gendarmería Nacional, Alejandro “El Talibán” Quintana y un sujeto, de nombre Walter Ayala, quien fue detenido en varias ocasiones acusado de tráfico de drogas. Ambos están procesados por los delitos de asociación ilícita y de concusión (utilizar un cargo para exigir un pago indebido) agravada en calidad de partícipes primarios.

Cierran la nómina de procesados, los cuñados de Aranda: Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier, concuñado y cuñada de Aranda. Dueños de la empresa de transportes de granos EAFA SA, fueron procesados por considerarlos instigadores del delito de tráfico de influencias. Se los acusa de utilizar los lazos familiares que mantienen con el exconjuez para supuestamente lograr que Gendarmería anule una multa que se le realizó a uno de sus camiones el 12 de junio de 2020 en la zona de Villa Ángela.

Al explicar la acusación general, los fiscales federales, Federico Carniel, Patricio Sabadini, Carlos Amad, Martín Uriona y Diego Iglesias (estos dos últimos de la Procuraduría de Narcocriminalidad), indicaron que “el grupo criminal”, al menos desde 2020, habría coordinado su accionar demorar o no ejecutar decisiones administrativas con el fin de beneficiar a personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la obtención de algún beneficio.

“Aranda, como juez federal, articuló los mecanismo a su disposición para que, en las causas bajo su jurisdicción, se omitan o demoren los actos procesales que le eran requeridos o que debían disponerse en cumplimiento de la normativa procesal, para poder alertar a las personas imputadas o investigadas de las medidas a dictar y así garantizar su impunidad y la continuidad del accionar delictivo investigado”, acusaron los fiscales, en un pasaje del escrito que consta de 164 páginas.

El rol del gendarme, Alberto Farías, en este entramado fue clave. Mantenía un estrecho vínculo con Aranda y obtenía información sensible de los expedientes que tramitaba el exconjuez para ser traficados a las personas investigadas en busca de algún beneficio.

Para el Ministerio Público Fiscal, se brindó “especial protección” a los integrantes de la banda narco que operaba en Sáenz Peña denominada “Clan Sosa”. ¿Cómo? Filtrando información desde el juzgado de Aranda sobre futuros allanamientos y detenciones.

Para sostener esta acusación, los fiscales detallaron la fecha y hora en las cuales se pidieron allanamientos y detenciones y las fechas y horas en los cuales comenzaron a producirse movimientos en las casas de los sospechosos los cuales inexorablemente terminaban con ellos prófugos.

Por ejemplo, el 27 de abril de 2022, a las 7.30, se envió un correo a la secretaria del juzgado de Aranda, solicitando que se autorice allanamientos y detenciones de personas que integraban el denominado “Clan Sosa”.

La orden fue autorizada por el juez Aranda el mismo día cinco minutos antes de la medianoche, sin la inclusión de Lucas Sosa. Es que, por un error, se omitió su nombre, el cual se sumó posteriormente en una orden anexa el 28 de abril a las 8.38, casi a las misma hora en que se estaban por realizar los allanamientos.

¿Qué pasó con el Clan Sosa? Casi todos se habían escapado el día anterior, en horas de la siesta. Alguien les avisó. El único que permaneció en la casa del Barrio San Cayetano era Lucas. Por el detalle de la información que le había llegado, era evidente que la misma salió del juzgado. De hecho, cuando finalmente lo detuvieron, Lucas se mostró sorprendido porque tenía data precisa que la Justicia no lo estaba por detener: le falló la actualización.

El cobro

Asimismo, bajo las directivas de Aranda, tanto Farías como Walter Ayala, Alejandro Quintana y una mujer policía que aún no fue identificada, tuvieron como rol exigir sumas de dinero a cambio de la obtención de beneficios procesales en los expedientes bajo la órbita de competencia del exconjuez.

Cabe recordar que cuando lo detuvieron con dos kilos de marihuana, A.M.R. estaba en libertad condicional. Salvo por una cuestión de salud muy grave, en casos como el suyo, no hay posibilidad de morigerar su detención: debía quedar preso en una cárcel.

El borrador con su procesamiento con prisión preventiva ya estaba redactado por la secretaria del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Hemilce Núñez Sánchez. Sin embargo, el por entonces conjuez Aranda, quien era el que debía firmarlo, consideró que no era para tanto y ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria. Se basó para esto en la relativamente escasa cantidad de droga secuestrada. Y así, sin más, A.M.R. se fue a su casa. La decisión, claro, llamó la atención de todos en el juzgado.

Al tiempo, más precisamente el 18 de junio de 2022, tres hombres y una mujer llegaron a bordo de una camioneta hasta el domicilio de A.M.R., en el barrio El Bolsón, en Resistencia. No fue una visita amigable: le exigieron el pago de 5 millones de pesos que, según ellos, era lo que pedía Aranda por haberle concedido esa domiciliaria que, a todas luces, no correspondía.

Ante la negativa del pago, A.M.R. fue amedrentado con un arma de fuego. Los supuestos emisarios del ahora exconjuez realizaron disparos en el piso y también lo golpearon en la cabeza. En un momento dado, se trenzó con uno de los agresores y logró quitarle la pistola, lo que provocó que el resto se retirara del lugar. Llamó a la policía y contó lo sucedido.

Esta amenaza no lo tomó por sorpresa. El hombre recordó que cuando estuvo preso en la División de Drogas de Sáenz Peña, Walter Ayala, quien en ese entonces estaba detenido con él y que también fue parte de la agresiva comitiva que fue hasta su casa a intentar coimearlo, le dijo que podía hacer gestiones para lograr su prisión domiciliaria, pero que para eso tenía que contactarse con el gendarme apodado “Talibán” (supuesto hombre de confianza de Aranda) y pagar una importante suma de dinero. “El que pone el gancho es El Jefe”, habría dicho Ayala en referencia al exconjuez.