El Gobierno oficializó el decreto con el que empezará achicar del número de empleados públicos. La decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre.
Se trata de una medida que había sido adelantada por el ministro de Hacienda, Luis Caputo e impacta sobre la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal, como YPF.
En tanto, se avanzará también en la revisión de los empleados que entraron a la función pública antes del 1° de enero de 2023. Sus contratos podrán ser renovados solo por 90 días y ser nuevamente contratados solo con la fundamentación de la continuidad de los mismos.
La idea es definir cuáles puestos de trabajo se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días.
La medida impactará sobre unos 7.000 empleados que quedarán automáticamente cesanteados, y varias decenas de miles que estarán bajo observación, no solo de la administración central sino de organismos descentralizados y de empresas públicas.
Sin embargo, el decreto establece algunas excepciones y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno, el de los «cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales», como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte.
También queda exento el personal que «haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación». Por último en casos donde el personal sea considerado indispensable para la operación de una jurisdicción.
En este caso, el titular de cada área podrá evaluar que un trabajador resulta indispensable y que «su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento». Para esto deberán justificar cada caso ante la jefatura de Gabinete y no podrán prorrogar contrato de manera inconsulta.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional.
Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
Los gremios ya adelantaron que no permitirán despidos sin causa justa. «Todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esté sólo al servicio de los grandes grupos empresarios», dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Daniel Catalano, de la seccional ATE-Capital se reunió con el ministro del Interior Guillermo Francos en la Casa Rosada, pero no obtuvo respuesta y el miércoles marchó con organizaciones piquetera en la primera manifestación contra Milei.
En tanto, los estatales UPCN, el gremio mayoritario que conduce Andrés Rodríguez, quien tras el triunfo de Milei había señalado que era necesario garantizar la gobernabilidad, anunció que se movilizará el miércoles contra del mega DNU que firmó el Presidente el miércoles.
