Ministros de la provincia de Buenos Aires ratificaron su rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, y advirtieron que permite aumentos «desmedidos» de precios, vulnera derechos y quita controles y regulaciones del Estado.
A través de sus redes sociales, la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, planteó que «el DNU atenta de manera muy fuerte contra las posibilidades del acceso a la casa propia», consideró que la derogación de la ley de alquileres y las modificaciones al código Civil y Comercial «agudizarán la crisis habitacional existente» y opinó que «con las desregulaciones vinculadas a la locación de inmuebles con fin habitacional, las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda aumentarán rápida y considerablemente».
En tanto, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, dijo que el decreto «presenta un profundo retroceso en la construcción del sistema que garantiza a través del subsector público, privado y de la seguridad social la salud para nuestra población» y «deja liberado el aumento de las cuotas de la prepaga y elimina todas las regulaciones para condicionar los aumentos», por lo que «las empresas de medicina podrán cobrar lo que consideren».
También cuestionó que se autorice que los medicamentos de venta libre se puedan adquirir en cualquier comercio, dijo que ello «potencia la sobre medicación» y rechazó que se derogue la ley que fomenta la producción pública de medicamentos.
En la misma línea, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, planteó que el DNU «tendrá un impacto negativo en materia económica, laboral y alimentaria, que generará el aumento exponencial de las personas y familias en situación de vulnerabilidad social» y se mostró en contra de la derogación de la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y la eliminación del Observatorio de Precios, lo que «profundizará el aumento de precios de forma desmedida».
Criticó la anulación de la ley de Compre Nacional y la derogación de la Ley de Alquileres y la que establece la fijación de haberes a los jubilados y pensionados, planteó que las reformas laborales «afectará la estabilidad laboral de millones de trabajadores» y dijo que «la redeterminación de subsidios al arbitrio de la Secretaría de Energía dejará en situación de vulnerabilidad a familias de bajos recursos».
Para la titular de la cartera de Ambiente, Daniela Vilar, «si se retira al Estado a la fuerza de todas las dimensiones de la vida de los argentinos, las consecuencias sobre la dimensión socio-ambiental en la Provincia serán dramáticas» y sostuvo que por la derogación de la Ley de Tierras «los sitios más valiosos y estratégicos de la Provincia pueden ser apropiados por personas o empresas extranjeras».
También sumó sus cuestionamientos la ministra de Mujeres, Estela Díaz, quien remarcó que la norma afecta particularmente «a las mujeres y diversidades, que conforman los sectores con mayores desigualdades» y, entre otras cuestiones, criticó que se plantee «la modificación de la licencia por maternidad posibilitando la reducción del tiempo mínimo de licencia antes de la fecha de parto de 30 días a 10 días».
Finalmente, la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el DNU «hiere de muerte a la cultura, ataca fundamentalmente la posibilidad plena de desarrollar nuestra soberanía, limitando el desempeño de la industria y el trabajo en el sector» y consideró que «la privatización de los medios y señales de contenidos públicos arrasa con la diversidad de voces y con la inclusión de una cuota de pantalla para contenidos nacionales, tan importantes para el desarrollo de la industria del cine».
