El líder piquetero José Porretti fue denunciado penalmente este miércoles por el Ejecutivo provincial, acusado de afectar el orden democrático, en respuesta a sus declaraciones en las que llamó a «derrocar al gobierno nacional y provincial, hambreador y fondomonetarista».
Horas después, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker, se sumó a la denuncia, acusándolo de un presunto «curro de intermediación» y de tener más de 90 denuncias en Desarrollo Social. También afirmó que Porretti manejó anualmente 56 millones de pesos, describiendo el negocio como un «sistema para controlar y manipular los fondos destinados a beneficiarios».
En consonancia con las auditorías en curso sobre presuntas «irregularidades» en el exministerio de Desarrollo Social, la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff, lidera el análisis de los fondos que reciben las organizaciones sociales y las denuncias en su contra. Gyoker señaló que «este dirigente había recibido 4,6 millones de pesos mensuales y que había acumulado unos 56 millones de pesos en el año».
A pesar de que la denuncia ya se presentó, el legislador indicó que, durante lo que denominó el «operativo retirada» del anterior gobierno, Porreti fue incorporado a planta el 1 de diciembre en Lotería Chaqueña, alegando que «no tendría nada que ver con la carrera administrativa y con haber pasado todos los procesos».
Esta situación provocó la presentación de una nota ante la nueva presidencia de Lotería Chaqueña para tomar medidas, lo que podría desembocar en un sumario administrativo. Además, el Gobierno solicitará la intervención de la fiscalía penal para investigar «las 90 denuncias de beneficiarios que tenía este dirigente por amenazas, por obligar a ir a actos, por pedirles una parte de la beca».
Gyoker detalló que Porretti «no trabajaba en Lotería, tenía un contrato de un programa especial del Ministerio de Educación», es decir, su pase a planta se habría producido sin que el dirigente tuviera un recorrido actual dentro de la empresa.
La nueva situación denunciada surge en el marco de la intervención del Gobierno en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) debido a múltiples denuncias de irregularidades durante la gestión anterior.
El ministro de Producción, Hernán Halavacs, anunció la intervención y auditoría para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. El objetivo es normalizar el funcionamiento del organismo, verificar la ejecución de fondos y garantizar que los recursos lleguen adecuadamente a su destino. El gobierno también se comprometió a seguir apoyando a los pequeños productores de manera directa, evitando intermediarios. La información se dio a conocer en una conferencia de prensa con la participación de funcionarios y representantes de la Universidad de Buenos Aires.
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