El protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo como objetivo principal el de impedir los cortes del tránsito, por lo que en varias cuadras cercanas a la Plaza de Mayo y en las horas previas al inicio de la protesta la escena común era la de cientos de personas paradas entre la línea de edificación y los cordones policiales formados para evitar que los manifestantes bajaran a las calles.
Desde la mañana, los usuarios del tren se encontraron en varias estaciones ferroviarias, principalmente en las cabeceras, con cartelería en letras blancas y fondo azul en los que se advertía que «el que corta no cobra».
«Cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley», se leía en los carteles, el mismo texto que se repetía frecuentemente por los altavoces de esas estaciones.
También se difundieron precisiones sobre la línea telefónica 134 habilitada para recibir denuncias sobre supuestos casos de intimidación contra beneficiarios de planes sociales.
La Policía Federal estableció controles en el Puente Pueyrredon, Avellaneda, área del Congreso, Casa de Gobierno, Ministerio de Capital Humano, autopista Buenos Aires-La Plata, la avenida General Paz, la Panamericana, Autopista del Oeste, Camino Negro, Liniers y otros puntos, mientras la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería cubrieron otras zonas de la ciudad y sirvieron de refuerzo en los operativos mencionados.
La Gendarmería, en la Panamericana a la altura de Pilar, hizo descender al pasaje de dos colectivos que al parecer transportaban piqueteros, mientras desalojó una manifestación en el puente que une Cipolletti con Neuquén. Por las calles de Buenos Aires circularon patrullas en moto y varios camiones hidrantes fueron apostados en puntos estratégicos de la ciudad.
Pasajeros de colectivos filmaron a policías que subieron al vehículo en un presunto control y las imágenes mostraron a los uniformados tomando videos con sus propios celulares, lo cual configuró otra postal inesperada en una jornada de protesta.
También fue emitida una imagen del presidente Javier Milei frente a grandes pantallas de monitoreo, tomada en el Departamento Central de Policía tras una reunión que el jefe de Estado tuvo con las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La figura del Presidente viendo las pantallas fue puesta al aire por un canal de televisión justo en el momento en que, en la Diagonal Norte, a unos pasos de la Plaza de Mayo, un grupo de manifestantes se enfrentaba a policías que buscaban impedir el tránsito de la gente por la calle, todo en medio de gritos, corridas y denuncias sobre el uso de gas pimienta por parte de los agentes.
Esa situación se serenó cuando los manifestantes pudieron llegar caminando a la Plaza de Mayo para tomar sus lugares en la protesta, pero para ese punto ya habían sido detenidas dos personas.
Al mediodía, el discurso oficial fue reforzado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que «todas las organizaciones que hoy convocan a la marcha son las que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario».
«Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Y por eso los motivos de la marcha es precisamente el temor a perder ese negocio», dijo Adorni en una rueda de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno.
«El Polo Obrero -siguió- maneja una caja de 5.461 millones de pesos; por supuesto siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita los planes y que realmente tiene necesidades».
A su llegada a Constitución, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, uno de los organizadores de la marcha, protestó con vehemencia ante la magnitud de los operativos.
«Que la Policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica. Esto no es una guerra. Esto me recuerda a la dictadura«, señaló.
El protocolo de orden público que el Gobierno puso en práctica con motivo de la movilización convocada por las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera, prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad «sin que necesariamente medie una orden judicial» cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
La resolución 943/2023, publicada el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial, justificó la implementación del denominado «protocolo antipiquetes» en que «la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida».
