«No vamos a permitir que se lleve adelante un atentado contra la democracia. Exigimos que se respete el estado de Derecho en la Argentina», afirmaron.
«Repudiamos la declaración de esencialidad de la educación porque limita, prohíbe y restringe el derecho a huelga. La educación es un derecho social inalienable, no una mercancía», señala la entidad en su página web.
«Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias prohibidas en el artículo 29 de la Constitución», insistió.Y agregaron: «Un avasallamiento que amenaza a los trabajadores, al cercenar nuestras leyes laborales, convenios colectivos de trabajo, derecho a huelga y todas las libertades jurídicas y sindicales»
Destacó además, que van a defender la escuela pública que «es bandera de nuestra historia colectiva». Al respecto, en el capítulo IX de Servicios esenciales Ley N° 25.877, en el DNU presentado por Milei se impone la sustitución del artículo 24 por el siguiente: «Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos.
Y, en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, «en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare».
En lo que respecta a la educación, el DNU considera como servicio esencial, «el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».
En ese sentido, Ctera repudió la declaración de esencialidad de la educación porque «limita, prohíbe y restringe el derecho a huelga».
Además rechazó el «brutal avasallamiento de todas las conquistas históricas del pueblo argentino», y alertó sobre la «gravedad institucional, democrática, y el espíritu anticonstitucional» de las medidas.
«Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias prohibidas en el artículo 29 de la Constitución», insisten. Y agregaron: «Un avasallamiento que amenaza a los trabajadores, al cercenar nuestras leyes laborales, convenios colectivos de trabajo, derecho a huelga y todas las libertades jurídicas y sindicales».
«Su inconstitucionalidad es manifiesta. Defendemos la democracia, la división de poderes y la República», insistió el gremio que declaró el «estado de alerta y movilización» y llamó a los otros gremios y entidades sociales y de derechos humanos a «construir la más amplia unidad».
