La solicitud de asilo será realizada por considerar que Glas es un perseguido político y que sufrió una «arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional» por parte de la Fiscalía, detalló el letrado Eduardo Franco Loor, según el portal de Primicias.
«Precautelando su integridad física, su salud y su vida, porque, obviamente, las cárceles del país no están controladas por el Estado, sino por los narcotraficantes, ha decidido, solicitar el día de hoy el asilo diplomático, en virtud de la Convención de Asilo diplomático de Caracas, de 1954″, dijo.
Actualmente, el exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) se encuentra en calidad de «huésped» en la embajada de México en Quito desde su ingreso a la sede diplomática el domingo pasado, en momentos en que la Fiscalía pedía su comparecencia por el caso Reconstrucción de Manabi que indaga presunto peculado en obras públicas realizadas luego del terremoto de 2016.
De acuerdo con el abogado, la Fiscalía tiene una posición de «revanchismo político, de venganza» porque el movimiento político correísta Revolución Ciudadana, al que pertenece de Glas, presentó en la Asamblea Nacional (Parlamento) una petición de enjuiciamiento político de la titular del Ministerio Público, Diana Salazar.
El defensor legal señaló que el exvicepresidente está «un poco deprimido» pues «cualquiera se deprime ante esta situación de hostigamiento, de permanentes ataques».
También enfatizó que el flamante jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, había dicho «que él y su gobierno no van a prestarse a la persecución política».
«Lo ha dicho en la campaña electoral y ahora que es presidente en funciones, esperemos que cumpla con su palabra porque Ecuador siempre ha sido respetuoso de los tratados internacionales y de las normativas que rigen al respecto», precisó.
Por otra parte, la Asamblea Nacional prevé sesionar mañana por la tarde para resolver si autoriza un nuevo juicio penal contra Glas, requerido por un juez de la Corte Nacional de Justicia.
El exvicepresidente, que ocupó el cargo entre 2013 y 2017, estuvo en la cárcel por una condena en un caso de asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y salió de la cárcel hace un año, tras cumplir parte de su pena.
