En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Ibarra destacó que la Constitucional Nacional «autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia», por lo que si un decreto «deroga 300 leyes y modifica otras tantas» el Poder Ejecutivo se arrogaría «facultades legislativas vedadas» y significaría «un avasallamiento a la división de poderes».
«Si se dicta el mega DNU anunciado nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma», alertó Ibarra, que se desempeñó como secretaria Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández.
En la mañana de este miércoles, en rueda de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mensaje de Milei se difundirá a las 21 y, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.
El paquete de medidas que anunciará Milei se basaría en un proyecto elaborado por el expresidente del Banco Central (BCRA) durante el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, y contaría con al menos 300 artículos de derogación de distintas leyes con el objetivo de desregular algunos aspectos del sistema económico.
Ibarra explicó que si el decreto presidencial «involucra a diversas áreas del gobierno, todas ellas deben intervenir».
Además, dijo que la Secretaría Legal y Técnica tiene la obligación de analizar que el DNU «esté correctamente confeccionado, que sea legal y que el Presidente tenga las facultades constitucionales para dictarlo».
«Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados (…) Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse», consideró la exfuncionaria.
En ese sentido, destacó que «hace a la trasparencia de los actos de Gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas. Nos podríamos encontrar ante hipótesis delictivas por corrupción», advirtió.
Ibarra opinó que el mandatario «debe dar fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley» en lugar de impulsar una medida por decreto, como tiene previsto realizar.
«El DNU -detalló- no está previsto para modificar o derogar normas de fondo. Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso», indicó.
La exsecretaria Legal y Técnica aseveró que las leyes que el Gobierno procura «derogar o modificar rigen la vida» de los argentinos «desde hace muchos años, por lo que «solo el autoritarismo más antirrepublicano puede avasallarlas en un DNU. Habrá responsables» de ello, sostuvo.
